
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la ONU en 1989. La propuesta, impulsada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, recibió 83 votos a favor y 19 en contra, quedando a la espera de la sanción presidencial.
Durante la sesión, la oposición, representada por el Centro Democrático, criticó la inclusión de un nuevo tipo penal en el proyecto. Por su parte, el Pacto Histórico defendió la iniciativa como un paso necesario para evitar que Colombia se convierta en un centro de reclutamiento para conflictos internacionales. El Centro Democrático anunció que llevará el texto a revisión de la Corte Constitucional.
El Ministerio de Defensa declaró que el mercenarismo es una forma de trata transnacional, señalando que las personas son llevadas a otros países bajo engaños y sin legalidad. Según datos de la Cancillería, al menos 64 colombianos han muerto en Ucrania y 122 están desaparecidos desde el inicio del conflicto.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Cancillería comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la liberación de colombianos que habrían sido reclutados de manera engañosa.
El proyecto, identificado como 156 de 2024 en el Senado y 579 de 2025 en la Cámara, tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado para combatir las redes de reclutamiento, financiamiento y entrenamiento de mercenarios, evitando criminalizar a quienes han sido captados mediante fraude o coerción.
El Gobierno colombiano afirmó que esta norma es fundamental para frenar las actividades de empresas fachada y organizaciones criminales, además de preservar la reputación internacional del país y mejorar la cooperación judicial con otras naciones. Petro destacó la importancia de garantizar la aplicación efectiva de la ley y establecer mecanismos para proteger a exmilitares y jóvenes en riesgo de ser objetivo de estas redes.
Adicionalmente, organizaciones de derechos humanos valoraron la aprobación de la ley como un avance para enfrentar el mercenarismo y desmantelar estructuras que han operado impunemente.
DCN/Agencias