
El Servicio de Registro Civil de Chile ha emitido la Circular N° 014 en abril de 2025, que establece que los recién nacidos de padres con “permanencia transitoria” deben ser inscritos como “hijos de extranjeros transeúntes”, excluyéndolos así de adquirir la nacionalidad chilena por jus soli, es decir, por el hecho de haber nacido en territorio chileno.
A diferencia de lo que ocurría en años pasados, cuando se evaluaba el “ánimo de residencia” mediante contratos y arraigo familiar, ahora el Registro Civil se apega estrictamente al tipo de permiso migratorio de los padres en el momento del nacimiento. La evaluación sobre la intención de permanencia ya no es una práctica del Registro Civil, sino que ha sido transferida al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
Si los padres pretenden cambiar la nacionalidad de sus hijos, deberán iniciar procesos de impugnación, lo que genera una carga adicional para las familias.
Organizaciones como la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven) y la Defensoría de la Niñez han expresado su rechazo a esta medida. Aseguran que existe un riesgo de apatridia, especialmente para los venezolanos, quienes debido a la ruptura de relaciones diplomáticas no pueden registrar a sus hijos en los consulados de su país. Al no obtener nacionalidad chilena, los recién nacidos quedan en una situación de «invisibilidad».
Se argumenta que la circular podría violar la Constitución chilena y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben la discriminación de menores en función del estatus migratorio de los padres. La falta de nacionalidad y documentos podría limitar el acceso de los menores a servicios esenciales como salud y educación.
Asimismo, se ha señalado que esta nueva interpretación administrativa ignora el “Interés Superior del Niño” y contradice una década de protección jurídica que aseguraba el derecho a la identidad. La Defensoría de la Niñez ha solicitado la revisión formal de la circular, enfatizando que la situación migratoria de los padres no debería afectar los derechos fundamentales de un recién nacido en Chile.
DCN/Agencias