El Gobierno de Argentina anunció el 14 de mayo una serie de reformas para endurecer su política migratoria. Estas incluyen la expulsión de extranjeros condenados por delitos y el cobro por asistencia sanitaria a personas en situación irregular o con residencia temporal.
Manuel Adorni, portavoz del Gobierno argentino, expresó que la legislación actual «invita al caos» y permite la entrada de individuos condenados con penas menores a tres años, criticando el uso abusivo de los servicios públicos por parte de algunos inmigrantes. Según Adorni, en las últimas dos décadas han ingresado de manera irregular un millón de personas, y lamentó que no se hayan expulsado a aquellos que infringen la ley.
Las nuevas medidas estipulan que cualquier condenado que intente ingresar al país será rechazado en las fronteras y que los que cometan delitos serán deportados. Adorni también señaló que estas reformas buscan proteger a quienes llegan al país con la intención de contribuir al bienestar argentino.
En cuanto a lo que denominaron «turismo sanitario», el Gobierno argumentó que no es justo que los ciudadanos que pagan impuestos deban cargar con los costos de atención médica de extranjeros que solo buscan recibir atención y regresar a sus países. Adorni mencionó que el año pasado, ocho hospitales argentinos gastaron 114.000 millones de pesos en atender a extranjeros.
La nueva ley también establecerá el pago por servicios de salud para residentes temporales e irregulares, además de exigir un seguro médico privado para ingresar al país. La justificación de estas medidas es garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública.
Asimismo, se prevén cambios en el sistema educativo, permitiendo a las universidades cobrar tasas adicionales a quienes estén en Argentina de forma temporal. La ciudadanía se otorgará exclusivamente a quienes hayan residido de manera continua dos años o realizado una inversión relevante en el país, y la residencia solo podrá concederse a quienes demuestren medios de subsistencia adecuados o ausencia de antecedentes penales.
DCN/Agencias