Condena a policías metropolitanos por los acontecimientos del 11 de abril de 2002 y la verdad judicial que el poder busca silenciar
Los policías metropolitanos Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar cumplen 23 años encarcelados sin haber recibido el beneficio de amnistía, a pesar de haberlo solicitado repetidamente. Fueron imputados por los sucesos acaecidos en Caracas el 11 de abril de 2002, en los que murieron 19 personas durante una crisis política que llevó a la salida temporal de Hugo Chávez del poder.
En una de las causas penales más emblemáticas de la historia judicial del país, Rovaín, Bolívar y Molina fueron condenados en 2009 a 30 años como cómplices de homicidio calificado frustrado, lesiones y uso indebido de armas. Esta calificación, distinta a homicidio intencional, abre la posibilidad a beneficios procesales, que no han recibido.
El juicio involucró 235 audiencias, cientos de pruebas y casi 200 testigos, pero organismos de derechos humanos denunciaron irregularidades y falta de pruebas que vincularan directamente a los acusados con los hechos. También se alegaron presiones políticas sobre los jueces, confirmadas por el exmagistrado Eladio Aponte, quien afirmó haber recibido órdenes del entonces presidente Hugo Chávez.
Desde 2010, Rovaín, Bolívar y Molina cumplen los requisitos para acceder a medidas alternativas de cumplimiento de pena, pero ninguna ha sido otorgada. Las amnistías de 2007 y 2026 no les han beneficiado, reforzando la percepción de una política de castigo. Actualmente, están recluidos en el Centro Penitenciario Fénix, lejos de sus familias, lo que limita las visitas y ha aumentado su aislamiento.
Con el aniversario de los sucesos del 11 de abril, persiste la pregunta sobre la permanencia de estos tres hombres en prisión, a pesar de su derecho a la libertad según la ley.
DCN/Agencias
