Exigen anular estado de excepción por supuesta violación constitucional

El diputado y dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, introdujo un recurso de nulidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los cuatro decretos de Estado de Excepción en municipios de los estados Táchira, Zulia y Apure que son zona limítrofe con Colombia.

Tras la acción, Velásquez espera el pronunciamiento de la Sala Constitucional del máximo organismo de justicia del país en cuanto a la denuncia de que estos decretos violan la Constitución Bolivariana de Venezuela, así como pactos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (DDHH) y el Pacto Interamericano de Derechos Políticos y Civiles.

El parlamentario, acompañado del abogado constitucionalista Julio Pérez, argumentó que los Estados de Excepción aprobados por el Gobierno nacional someten al país a un estado de militarización. Al respecto, alertó que en el municipio Sifontes del estado Bolívar, específicamente en Tumeremo, se inició movimiento de tropas con traslado de efectivos militares a la zona fronteriza.

Por su parte, el abogado Julio Pérez denunció que los decretos contienen irregularidades jurídicas y que “existe una actuación desproporcionada”. “Alegan que se persigue el narcotráfico, paramilitarismo y contrabando de extracción, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este mecanismo no se debe utilizar para perseguir estos hechos de delincuencia, además se extralimita el derecho a reunión y manifestar públicamente, cosa que está absolutamente desconectada con estos hechos que afirma el Presidente. ¿Qué finalidad tiene limitar estos derechos? Se pasó de 24 horas a 15 días hábiles administrativos, es decir, 21 días continuos, violentando instrumentos internacionales” cuestionó.

En ese sentido, Velásquez manifestó que “el TSJ no analiza los derechos civiles y políticos que están siendo afectados y es la enorme preocupación que tenemos, en la antesala de un proceso electoral y esta seguidilla de actos de militarización, hechos que afectan la elección de unos 30 diputados que son seleccionados en esas zona” explicó.

El dirigente expresó que “aunque sepamos que el Tribunal Supremo no responda con sentido de ocasión y de urgencia, tenemos responsabilidad como parlamentarios, de actuar y agotar a lo interno los recursos, para luego acudir a instancias internacionales”.

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