
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales expresó su rechazo este lunes 3 de agosto ante la decisión del gobierno interino de Venezuela, que busca denunciar el Estatuto de Roma y retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI). A través de un pronunciamiento, la Academia indicó que esta medida es moralmente inaceptable, contraviene la Constitución venezolana y no afecta la investigación que abrió la Fiscalía de la CPI en 2021 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
El canciller Félix Placencia había anunciado el 24 de julio, siguiendo instrucciones de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la notificación a la ONU sobre la decisión de abandonar el tratado. La Academia afirmó que el Estatuto de Roma tiene rango constitucional en Venezuela, al ser un instrumento relacionado con los derechos humanos, y por lo tanto, sus disposiciones forman parte del ordenamiento legal del país.
El organismo dijo que esta acción del Ejecutivo supera sus competencias habituales y recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 había rechazado la posibilidad de denunciar tratados de derechos humanos. Además, cuestionó que una decisión de tal magnitud fuese adoptada por un gobierno interino, cuyo mandato es temporal y se limita hasta que se elija un nuevo presidente.
La Academia subrayó que, incluso si el retiro fuese legalmente viable, no tendría efecto retroactivo. Resaltó el artículo 127.2, que establece que “la denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones” derivadas del Estatuto mientras haya sido parte de él. De esta manera, Venezuela deberá seguir colaborando con las investigaciones y procesos ya iniciados. Finalmente, solicitaron al gobierno interino que retire la denuncia y mantenga la cooperación contra la impunidad.
DCN/Agencias