
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió este sábado la extensión de los beneficios de la Ley de Amnistía recién promulgada a todos los detenidos por motivos políticos, «sin discriminación ni exclusión». A través de un comunicado publicado en X, la organización solicitó revisión de casos de manera transparente, participación de las víctimas y la eliminación de medidas restrictivas, además de establecer «garantías verificables» que cumplan con estándares internacionales de derechos humanos.
Clipp reconoció que la Ley de Amnistía podría generar «avances parciales» y posibles liberaciones que aliviaran situaciones de sufrimiento extremo. Sin embargo, rechazó que estos avances sean utilizados como un «relato definitivo» mientras existan todavía presos políticos y se mantenga la represión en el país.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que se estaban llevando a cabo «cientos de liberaciones» por la Ley de Amnistía, aunque no proporcionó detalles sobre los casos ni quiénes serían los beneficiados. Informó que la comisión parlamentaria de seguimiento ha recibido 1,557 solicitudes de liberación y que se están considerando «medidas de gracia» e indultos del Ejecutivo para aquellos que no están contemplados en la ley.
La amnistía teóricamente abarca el periodo de 1999 a 2026, pero solo incluye 13 coyunturas políticas desde 2002, dejando fuera arrestos de años anteriores y casos vinculados a operaciones militares. Foro Penal, que defiende derechos de los presos políticos, estima que al menos 400 detenidos podrían estar excluidos de la amnistía y planea entregar a la comisión parlamentaria una lista para revisar 232 casos. Actualmente, hay más de 600 presos políticos en Venezuela, tras la excarcelación de 448 personas desde el 8 de enero. El gobierno argumenta que no hay presos políticos, sino individuos que cometieron delitos.
DCN/Agencias