Venezuela desaprueba las afirmaciones del Fiscal Adjunto de la CPI
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha comunicado que cerrará su oficina en Caracas. Este organismo había establecido su sede en Venezuela en 2024.
El Gobierno venezolano rechazó las declaraciones del Fiscal Adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya. A través de un comunicado de la Cancillería, el país denunció que el fiscal no cumple con sus responsabilidades, acusándolo de justificar un “colonialismo jurídico” y de ignorar lo que considera el genocidio en Palestina. El Gobierno también argumentó que la relación de Venezuela con la CPI no se ajusta a lo estipulado en el Estatuto de Roma y que responde a una agenda contra el país orquestada por potencias hegemónicas.
El comunicado afirma que no se han cometido “delitos de lesa humanidad” en Venezuela. Asimismo, se criticó la falta de respuesta de la CPI sobre el caso “Venezuela II”, que aborda los daños ocasionados por el bloqueo económico, describiendo la inacción como “abrumadora”. También se condenó la falta de movimiento de la CPI ante la situación en Palestina, tildando de “vergonzoso” el escaso avance en la denuncia de crímenes en esa región.
El Gobierno lamentó el escaso compromiso mostrado por la CPI, a pesar de los acuerdos firmados para colaborar y mejorar las capacidades nacionales. Recordaron que están comprometidos a mantener la jurisdicción primaria del país.
En el documento, el Gobierno señala que, a pesar de haber inaugurado la oficina de la CPI en Caracas hace más de siete meses, no se designó personal para su funcionamiento. Aseguraron que la agenda de la Fiscalía parece ser desvincularse de las realidades en el país y no actuar, con el fin de manipular la justicia con motivaciones políticas.
En su intervención, Niang aclaró que, a pesar del cierre de la oficina, la investigación sobre presuntos crímenes en Venezuela sigue activa y un equipo de fiscales continuará trabajando en el asunto desde La Haya. El principio de complementariedad, que establece el compromiso de los países a investigar internamente antes de que la CPI intervenga, fue mencionado como un desafío continuo.
La Fiscalía decidió cerrar su oficina en Caracas debido a la necesidad de manejar eficientemente los recursos limitados, pero el caso de Venezuela permanece pendiente en la agenda del organismo.
DCN/Agencias
