
La organización Provea ha señalado que la situación en Venezuela podría estar evolucionando hacia una «tecnocracia autoritaria», donde el gobierno interino de Delcy Rodríguez, respaldado por la administración de Donald Trump, prioriza intereses de capitales transnacionales mientras ignora los derechos ciudadanos.
Provea destacó que los acuerdos firmados entre la administración Trump y empresas estadounidenses con las autoridades venezolanas son opacos e inconstitucionales, lo que podría convertir a esos actores en corresponsables de futuras violaciones de derechos humanos.
La ONG afirmó que las empresas y gobiernos extranjeros deben evitar violar derechos humanos y afrontar las repercusiones de su participación en este contexto. Provea también hizo hincapié en que, mientras se negocian acuerdos en el sector energético, trabajadores activos y jubilados continúan protestando por salarios y pensiones dignas, que han estado congeladas desde 2022.
Además, denunciarón que el salario y las prestaciones sociales han «desaparecido del lenguaje oficial», a pesar de las promesas de un crecimiento económico. Los pocos programas sociales del gobierno están también desapareciendo progresivamente de la retórica oficial.
Provea cuestionó la situación de cientos de personas que continúan detenidas por razones políticas, a pesar de los anuncios de reconciliación por parte de altos funcionarios del Estado. La organización advirtió que el marco jurídico que permitió la criminalización de miles de venezolanos permanece intacto, lo que convierte al sistema de justicia en un instrumento de persecución política y social.
DCN/Agencias