
Han transcurrido siete años desde que Beatriz Salas no tiene noticias de su hijo, Hugo Marino. Este caso forma parte de un patrón de desapariciones forzadas de presos políticos en Venezuela, denunciado por defensores de derechos humanos.
La preocupación por Marino se intensificó tras la revelación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante que había sido detenido en enero de 2025, cuyo fallecimiento estuvo oculto por el gobierno durante nueve meses. Carmen Teresa Navas, madre de Quero, lo buscó incansablemente durante 16 meses hasta que el gobierno le notificó sobre su muerte el 7 de mayo; diez días después, ella falleció.
Érika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, calificó lo ocurrido con Quero como un “caso emblemático”, manifestando temores de que otros casos similares puedan repetirse. Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, indicó que alrededor de 50 desapariciones forzadas podrían estar ocurriendo, aunque la cifra real es incierta debido al miedo que sienten muchas familias al denunciar.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez se comprometió a investigar la muerte de Quero. Oscar Murillo, de la ONG Provea, explicó que la justicia está obligada a informar sobre detenciones y mantener listados de prisioneros, pero en la práctica, esto no se cumple, y los familiares enfrentan enormes dificultades para obtener información.
Las desapariciones forzadas se han convertido, según Marino Alvarado de Provea, en una política de Estado en Venezuela. Hugo Marino, nacido el 27 de agosto de 1964 y residente en Miami, llegó a Venezuela en abril de 2019. Su última comunicación fue poco después de aterrizar. Tras su detención por agentes de inteligencia, su familia ha estado buscándolo en hospitales y estaciones policiales sin éxito.
Beatriz Salas, de 82 años, mantiene la esperanza de reencontrarse con su hijo, afirmando que fue llevado vivo y debe ser devuelto. La búsqueda continúa y su familia sufre los estragos de esta situación.
DCN/Agencias