
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «profunda preocupación» por la detención arbitraria de personas por motivos políticos en Venezuela y demandó su «liberación inmediata e incondicional». También condenó las muertes ocurridas bajo custodia estatal y mostró solidaridad con los familiares de las víctimas.
La CIDH reporta que continúan las denuncias relacionadas con el uso de la privación de libertad como mecanismo de control, además de la aplicación «discrecional y excesiva» de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso. Según datos de la sociedad civil, hasta abril de 2026, habría 454 personas detenidas por razones políticas, enfrentando situaciones como desapariciones forzadas, tortura y denegación de atención médica.
El informe menciona que al menos 18 personas detenidas por motivos políticos han fallecido en custodia del Estado, incluyendo a Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz, y Víctor Hugo Quero Navas. Aunque se reconocen recientes excarcelaciones, la CIDH advierte que han sido limitadas.
Sobre la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, la CIDH señala disparidades en los datos sobre su aplicación. El Gobierno menciona que más de 8.000 personas se beneficiaron, mientras que organizaciones independientes aseguran que solo 186 obtuvieron libertad plena, y cientos siguen bajo medidas cautelares. También cuestionan el anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez respecto al cierre de la aplicación de esta ley.
La CIDH reafirma que la privación arbitraria de libertad representa una grave violación de derechos humanos y demanda el cese inmediato de tales prácticas. Además, enfatiza la necesidad de garantizar acceso público y verificable a información sobre detenidos y procesos de amnistía, y exhorta a avanzar hacia la restauración del orden democrático. Finalmente, el organismo reitera su disposición para realizar una visita in loco a Venezuela y así observar la situación de derechos humanos en el país.
Caracas / Redacción web
DCN/Agencias