Bloque Constitucional solicita investigación independiente sobre la muerte de Víctor Quero Navas para identificar responsables en la cadena de mando
El Bloque Constitucional exigió a las autoridades venezolanas que se desarrolle una investigación independiente, exhaustiva y con criterios internacionales sobre el fallecimiento del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrido mientras estaba bajo custodia del Estado. En un comunicado, la organización solicitó que se indaguen las posibles torturas sufridas por Quero y se esclarezca la causa exacta de su muerte, además de vincular responsabilidades en la cadena de mando, siguiendo los estándares del Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota de la ONU.
Asimismo, el Bloque Constitucional hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al gobierno de Estados Unidos para que supervisen el proceso de investigación y pidió a la opinión pública venezolana estar atenta al desarrollo de los acontecimientos.
Según el comunicado, Quero Navas fue víctima de desaparición forzada desde enero de 2025, presuntamente a manos de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, lo que representaría una violación al artículo 45 de la Constitución venezolana. Su madre, Carmen Navas, realizó múltiples gestiones ante el Estado para conocer su paradero, sin obtener respuestas claras.
Se informó que el 15 de julio de 2025, el detenido fue trasladado de emergencia al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por una hemorragia digestiva y fiebre alta, aunque esta información llegó a la familia solo después de su fallecimiento el 24 de julio de 2025. Además, se denunció que el entierro se realizó sin notificación a sus seres queridos.
Un tribunal venezolano también desestimó, el 6 de mayo de 2026, la solicitud de amnistía como si el detenido aún estuviera vivo, lo que se considera una grave irregularidad judicial. Organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y Foro Penal han documentado en años recientes patrones de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en centros operados por la Dgcim y el Sebin.
DCN/Agencias
