La Corte Penal Internacional ratifica su jurisdicción en el caso contra el ex presidente filipino Rodrigo Duterte y desestima su solicitud de libertad.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ratificó este miércoles su jurisdicción sobre el caso del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. La decisión se produjo tras rechazar por completo el recurso de la defensa, que incluía una solicitud de liberación inmediata e incondicional.
Los magistrados, por mayoría, respaldaron un fallo anterior de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que en octubre había establecido que la CPI puede investigar los presuntos crímenes ocurridos durante la «guerra contra las drogas» en Filipinas entre 2011 y 2019, periodo en el cual el país era miembro del tribunal.
Filipinas notificó su salida del Estatuto de Roma, que es la base de la CPI, en marzo de 2018, y esta se hizo efectiva un año después. Sin embargo, la CPI mantiene jurisdicción sobre los crímenes presuntamente cometidos durante el tiempo que el país estuvo suscrito al tratado.
La Sala enfatizó que los artículos del Estatuto sobre el ejercicio de la jurisdicción deben ser leídos junto con el artículo que regula la retirada de los Estados. Los magistrados abogaron por una interpretación “sistemática” del tratado que busca prevenir la impunidad en casos de crímenes graves.
Además, argumentaron que permitir que un Estado eludiera responsabilidades al salir del Estatuto durante investigaciones correría en contra de los objetivos del tratado. Al mismo tiempo, la Corte aclaró que no puede ejercer su jurisdicción de manera indefinida tras la salida de un país del Estatuto, buscando un “equilibrio adecuado” entre las obligaciones de los Estados y el alcance de la CPI.
Duterte enfrenta acusaciones de crímenes de lesa humanidad, específicamente por asesinatos y tentativas de asesinato vinculados a su polémica política de drogas, que, según la Fiscalía, implicó un ataque sistemático contra la población civil.
El exmandatario fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo de 2025, tras una orden de arresto inicialmente secreta. Su primera y única comparecencia se realizó ese mismo mes, mientras que la audiencia de confirmación de cargos tuvo lugar en febrero, aunque Duterte no estuvo presente, renunciando a asistir por medio de sus abogados.
DCN/Agencias
