El fiscal general se encuentra con organizaciones no gubernamentales
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) manifestaron su preocupación por las irregularidades en el sistema de justicia durante una reunión con el fiscal general, Larry Davoe, en la sede del Ministerio Público. En la cita, representantes de Provea, Civilis, Surgentes DDHH y Cecodap expusieron sus inquietudes sobre el funcionamiento del sistema penal y la situación de los derechos humanos en el país.
Davoe comunicó a través de su cuenta en X que se buscarán “canales de comunicación directa” para atender los planteamientos de las ONG. Además, invitó a las organizaciones a participar en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal.
Carlos Trapani, abogado de Cecodap, expresó que aceptaron el “diálogo respetuoso” como un paso para centrar la discusión en la protección de adolescentes en conflicto con la ley penal. Agregó que agradecieron la disposición a generar un intercambio institucional.
Durante el encuentro, Trapani presentó varios puntos críticos, incluyendo denuncias sobre detenciones irregulares sin órdenes judiciales, incomunicación de detenidos, limitaciones en el derecho a la defensa y el uso de la privación de libertad como norma. Mencionó también los retrasos en los procesos judiciales, la criminalización por vínculos sin individualizar conductas, y la falta de un enfoque de protección hacia los adolescentes, resaltando el impacto educativo y psicosocial de las detenciones.
Cecodap también tocó el tema de Samantha Hernández, solicitando su liberación y que se consideran medidas sustitutivas mientras avanza su juicio. La ONG hizo énfasis en revisar el uso del delito de terrorismo en adolescentes y la presencia de manipulaciones por parte de adultos en estos casos.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, subrayó la importancia del debido proceso como garantía de derechos humanos y justicia. Presentó propuestas al Ministerio Público, que incluyen la recepción adecuada de solicitudes de habeas corpus, el derecho a la defensa con abogados de confianza, y la erradicación de abusos en detenciones.
Las organizaciones coincidieron en que estos espacios de diálogo son fundamentales para revisar prácticas, corregir irregularidades y fortalecer la respuesta del sistema penal en Venezuela.
DCN/Agencias
