
El equipo legal que defendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 350,000 haitianos y sirios en Estados Unidos presentó sus argumentos ante la Corte Suprema, denunciando discriminación por parte de la Administración de Donald Trump. La audiencia se dio en el contexto de un debate más amplio, que incluyó la validez de un nuevo mapa electoral en Luisiana.
El abogado Geoffrey Pipoly argumentó que las razones del Gobierno para terminar el TPS son inconsistentes, afirmando que EE.UU. busca deportar a personas de «países de mayoría no blanca», mientras otorga asilo a agricultores sudafricanos blancos. Calificó de «farsa» la alegación de que los inmigrantes podían regresar a sus países de forma segura.
El procurador general, John Sauer, defendió la postura del Gobierno, pero enfrentó cuestionamientos de las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Estas preguntaron sobre las declaraciones de Trump que, según ellas, evidencian una intención discriminatoria. Jackson enfatizó que los comentarios despectivos de Trump hacia Haití reflejan animosidad racial.
El foco del juicio es la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para finalizar el TPS sin consulta a otras agencias. Las juezas expusieron que el Congreso instauró el TPS en 1990 como parte de una política de asistencia humanitaria.
La mayoría conservadora del tribunal no se centró en si la decisión del Gobierno fue una violación de la ley, sino en si los tribunales tienen la capacidad de revisar tales decisiones administrativas. Dos jueces conservadores, Samuel Alito Jr. y Neil Gorsuch, no hicieron preguntas, lo que sugiere que respaldan los argumentos del Gobierno.
Brett Kavanaugh, otro juez conservador, comentó que la situación en Siria ha cambiado desde la aprobación del TPS para ese país, lo que podría afectar a unos 6,100 sirios en riesgo de deportación si se termina el programa.
En la actualidad, alrededor de 1.3 millones de inmigrantes de 17 países se benefician del TPS, aunque la administración Trump ha revocado varios de estos amparos, incluyendo el de los venezolanos, que también están en medio de una batalla legal.
DCN/Agencias