
El Gobierno de Panamá anunció el inicio de un proceso para disolver aproximadamente 300.000 sociedades anónimas sin actividad, conocidas como “personas jurídicas suspendidas”. Esta medida forma parte de su estrategia para salir de las listas internacionales de blanqueo de capitales.
La depuración comenzará el 27 de febrero y se llevará a cabo en dos fases. La primera fase incluirá a las sociedades que no han realizado pagos en más de veinte años, mientras que la segunda se enfoca en aquellas con estatus suspendido en el Registro Público. Además, las sociedades que no tengan un agente residente durante más de 90 días tras su renuncia o remoción también serán consideradas. En total, el primer grupo abarca a 180.883 sociedades con información ya validada.
Para gestionar este proceso, se ha creado una Mesa de Trabajo Interinstitucional, conformada por el Ministerio de Economía, el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
El funcionario Sáiz aclaró que la depuración no hace distinciones entre los tipos de sociedades y enfatizó que el enfoque principal es la falta de pago o la ausencia de un agente residente. No se dispone de información sobre si estas entidades son offshore o sobre sus actividades, dado su carácter anónimo.
El gobierno de José Raúl Mulino busca mejorar la imagen de Panamá frente a organismos internacionales, especialmente tras las implicaciones de los Papeles de Panamá, que llevaron al país a ser incluido en varias listas de paraísos fiscales. Recientemente, Panamá fue retirada de la lista de blanqueo del Parlamento Europeo y otras listas similares, lo que refleja sus esfuerzos por fortalecer su posición económica y reputacional.
DCN/Agencias