Organizaciones venezolanas demandan justicia e independencia tras la renuncia del fiscal y el defensor
La renuncia del fiscal general, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, generó una “coyuntura institucional crucial” para el sistema de justicia en Venezuela, según un comunicado emitido por 15 organizaciones de la sociedad civil.
El documento, firmado por entidades como CAMPO, Caleidoscopio Humano y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señala que este cambio no es solo un relevo de autoridades, sino una oportunidad para corregir déficits en la garantía de los derechos humanos.
Se denuncian en el comunicado graves violaciones, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, documentadas por organismos internacionales, incluyendo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Las organizaciones afirmaron que el Ministerio Público tenía la obligación de actuar con diligencia en la investigación de estas violaciones y que su inacción constituyó una falta de responsabilidad.
Respecto a la Defensoría del Pueblo, se indicó que su falta de acción ante situaciones de riesgo ha comprometido su credibilidad ante la comunidad internacional.
El comunicado insiste en que la renuncia no elimina la necesidad de evaluar responsabilidades institucionales y que la rendición de cuentas es esencial para evitar futuras violaciones. Asimismo, alertan que la designación de Larry Devoe y Saab como “encargados” vulnera las normativas de las instituciones.
Frente a esta situación, las organizaciones proponen cinco exigencias, incluyendo un proceso de selección transparente y reformas institucionales inmediatas. Subrayan que la renovación debe ir más allá de un simple cambio de nombres y debe representar un verdadero compromiso con la protección de los derechos humanos y la justicia.
DCN/Agencias
