
La Corte Penal Internacional (CPI) no autorizó la apelación presentada por la defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien enfrenta un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con su «guerra contra las drogas» en Filipinas. La Sala de Cuestiones Preliminares desestimó los cuatro argumentos esgrimidos por la defensa para impugnar una decisión del pasado enero, en la que se determinó que Duterte puede participar en las etapas previas de su juicio, que iniciará el 23 de febrero.
La defensa alegaba que los jueces cometieron “errores” al desestimar pruebas clínicas sobre la supuesta falta de aptitud del exmandatario y argumentaba en contra de la negativa a realizar una audiencia con expertos médicos. Aseveró que el razonamiento judicial no fue claro y que no se consideró el impacto de la decisión en la capacidad de Duterte para ser juzgado.
Los jueces argumentaron que no ignoraron los informes médicos presentados y que estos sirvieron como base para solicitar un examen médico independiente, el cual fue realizado por un panel de tres expertos designados por la Corte. La Sala precisó que confió en las conclusiones del panel para asegurar “imparcialidad y neutralidad” en la evaluación médica.
En cuanto a la negativa de interrogar a los expertos, los jueces indicaron que ya habían analizado las supuestas contradicciones en los informes y consideraron fiables las conclusiones del panel. Además, afirmaron que se expuso el “estándar jurídico aplicable” y se evaluó detalladamente la información médica para determinar que Duterte puede “ejercer de forma efectiva sus derechos procesales”.
Respecto a la capacidad del exmandatario para enfrentar futuras acusaciones, la Sala consideró que se trataba de una cuestión “hipotética”, ya que aún no se ha decidido si los cargos serán confirmados. Aclararon que su decisión no prejuzga la aptitud de Duterte para ser juzgado en el futuro y que este aspecto podría revisarse si se confirman los cargos.
Duterte fue arrestado en marzo del año pasado en Manila por una orden de la CPI y posteriormente trasladado a La Haya. La audiencia de confirmación de cargos, que estaba programada para septiembre, fue aplazada debido a objeciones de la defensa. Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato, así como de crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su mandato como alcalde de Davao como en su presidencia.
DCN/Agencias