Asamblea Nacional careciendo de legitimidad como principal amenaza a la seguridad jurídica en Venezuela
En el contexto actual de Venezuela, marcado por una profunda crisis política y económica, la seguridad jurídica se considera un recurso limitado pero esencial. Las elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2025 no solo renovaron la Asamblea Nacional, sino que dieron pie a un debate sobre la validez de las leyes emitidas por un órgano derivado de un proceso electoral cuestionable.
El Dr. Carlos J. Sarmiento Sosa, coordinador del Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela, destacó que las elecciones no fueron libres ni competitivas, citando la represión sistemática que se vivió antes, durante y después del proceso, incluyendo la detención de más de 70 individuos y un ambiente de miedo que obstaculiza el derecho al voto.
Además, Sarmiento Sosa señaló diversas irregularidades técnicas, como retrasos en el proceso de postulaciones y el uso de métodos de verificación ineficaces. En cuanto a la cifra oficial de participación del 42,63%, él y otros expertos estiman que la cifra real se sitúa entre el 12% y el 25%, lo que sugiere una manipulación para aumentar la legitimidad del proceso.
Legalmente, la Asamblea resultante de estas elecciones carece de legitimidad, ya que no proviene de un proceso electoral auténtico. Según la Constitución de 1999, los actos de un órgano que usurpa funciones son nulos, lo cual aplica a las leyes aprobadas por esta Asamblea.
A pesar de su falta de legitimidad, las leyes aprobadas serán aplicadas por el TSJ y el Ejecutivo, lo que crea un conflicto entre validez jurídica y eficacia. Esto plantea un riesgo significativo para los actores económicos en el país, especialmente en el sector petrolero, quienes podrían enfrentarse a la nulidad de contratos en futuros escenarios de transición democrática.
DCN/Agencias
