Arco Minero del Orinoco: diez años de ecocidio y violencia en territorios indígenas
Arco Minero del Orinoco: Una década de consecuencias adversas
El 24 de febrero de 2016 se instituyó el Arco Minero del Orinoco, cumpliendo ya diez años de existencia. Este proyecto, que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados en el sur del país, se instauró mediante el Decreto N.º 2.248, según refiere la organización Provea.
Presentado por el gobierno como un motor económico, el Arco Minero ha traído consigo daños ambientales significativos y violencia en territorios indígenas, afectando a comunidades como los warao, pemón, ye’kwana y otras. Provea sostiene que el decreto se implementó sin una consulta adecuada a los pueblos originarios y sin estudios de impacto ambiental.
En esta región se encuentran también áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima y varias reservas forestales, que ahora enfrentan amenazas por la expansión minera. Según Provea, el proyecto ha vulnerado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y ha intensificado la militarización de la zona, donde operan grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC.
Desde su creación, la actividad minera ha generado desplazamientos, detenciones y violencia contra líderes indígenas. Además, la contaminación por mercurio y la deforestación han deteriorado el ecosistema, afectando la regulación climática global.
La crisis sanitaria también es notable en el municipio Autana, estado Amazonas, donde de 12 ambulatorios, solo 3 están operativos. La malaria sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las comunidades indígenas, que enfrentan altas tasas de mortalidad materna e infantil, y malformaciones vinculadas a la contaminación.
El futuro del Arco Minero se presenta incierto, extendiendo su impacto negativo en el sur del país.
DCN/Agencias
