
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su abogado, Dan Kovalik, asumirá la defensa legal de la familia de Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta, quien falleció en un ataque de Washington a embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de drogas en el mar Caribe.
Esta decisión surge a raíz de denuncias sobre asesinatos de civiles en la región, que habrían sido ordenados bajo la política del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante el gobierno de Donald Trump. Petro dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, destacando que la agencia jurídica del Estado debe priorizar la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia y convocar a una comisión de abogados nacionales para investigar estos crímenes en el mar Caribe.
Kovalik ha calificado el deceso de Carranza como un «asesinato estadounidense» y expresó su preocupación por la falta de apoyo hacia las víctimas. Además, se ha informado que abogados de los dos principales partidos de EE. UU. están colaborando para analizar la política militar de Hegseth, enfocándose en las órdenes directas que podrían ser responsables del fallecimiento de civiles en el Caribe.
En otra publicación, Petro afirmó que las acciones en las costas colombianas representan un «asesinato sistemático», considerándolo un delito de lesa humanidad. La investigación de la comisión de abogados busca no solo esclarecer el asesinato de Carranza, sino también establecer responsabilidades por otros crímenes contra civiles en la región. Este procedimiento es clave para enfrentar el uso del poder militar en el Caribe y proteger a la población local de las consecuencias de las operaciones extranjeras.
La exigencia de Petro refleja una firme defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos, con el objetivo de establecer un precedente legal que permita a Colombia investigar y perseguir a los responsables de violaciones en su territorio, al tiempo que se condena la impunidad en las aguas del Caribe.
Fuente: TeleSUR.
DCN/Agencias