En informes recientes del Departamento de Estado de EE.UU denuncia ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el Zulia

El más reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela habla de “un elevado número de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y el uso de la tortura” en varios estados, entre ellos el Zulia.

La investigación correspondiente a 2023 recoge supuestos crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios de organismos de seguridad del Estado o por bandas paramilitares afectos a la gestión de Nicolás Maduro.

Además, menciona la falta de independencia judicial, así como el arresto de familiares para castigar a personas que se han convertido en “molestias” para las autoridades. “Se llevaron a cabo cientos de asesinatos durante el año”, sostiene.

Según datos suministrados por diferentes oenegés y que son recopilados en el informe, en los primeros seis meses de 2023 se produjeron al menos 355 casos de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría reportados como presuntos enfrentamientos.

De esta cifra, 27 % fue cometido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 19 % por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 18 % por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y 17 % por policías estatales.

Del total de las víctimas, 96 % era hombre, 60 % de ellos con edades de entre 18 y 30 años. La mayoría procedentes de sectores populares.

El Departamento de Estado citó en su informe a la oenegé Fundaredes, cuyo director Javier Tarazona está detenido desde julio de 2021 por supuesta instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.

La organización documentó 63 desapariciones entre enero y marzo del año pasado en Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia y 27 secuestros en otros seis estados adicionales entre abril y junio.

Registraron además la desaparición de 80 mujeres en la frontera con Colombia, hechos que no fueron denunciados por temor a represalias o desconfianza en las autoridades.

Según el Departamento de Estado, miembros de cuerpos de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos.

La Misión Independiente de la ONU también documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos entre enero de 2020 y agosto de 2023.

La misión informó que en ocasiones jueces ordenaron a detenidos prisión preventiva en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), incluso cuando estos alegaron que habían sido torturados.

En el informe recibieron denuncias por parte de presos políticos que fueron sometidos a asfixia, descargas eléctricas, fracturas, bajas temperaturas, privación sensorial y de sueño y pasar horas de rodillas y esposado.

También, informaron que algunos detenidos fueron llevados a casas clandestinas donde les torturaban. Les negaban acceso a atención médica y los mantenían aislados por largos períodos. Igualmente alegaron que fueron víctimas de violencia sexual y de género.

Con información de La Verdad.