Venezuela: El país con el peor Estado de derecho en el mundo. Por José Robles (@jaroblesp)

Recientemente el Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés, presentó el “Índice de Estado de derecho 2020”, un reporte anual basado en encuestas a más de 130,000 hogares y 4,000 especialistas alrededor del mundo, e indica que Venezuela es el país con peor Estado de derecho del mundo, repitiendo la misma posición (128) que ocupó el pasado 2019.

Los tres primeros lugares en el Índice de Estado de derecho 2020 son Dinamarca, Noruega y Finlandia; los últimos tres son República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela, los mismos que en la edición de 2019 del Índice. América Latina y el Caribe, Uruguay es el país con el mejor desempeño de la región, seguido de Costa Rica y Chile.

El Índice de Estado de derecho 2020 midió el desempeño de 128 países y jurisdicciones con respecto al Estado de derecho, utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal. Este Índice es la fuente principal de datos originales e independientes sobre el Estado de derecho en el mundo.

La relación entre Estado de derecho y los derechos humanos
El Estado de derecho es el escenario mediante el cual tienen el reconocimiento “pleno” los derechos humanos como derechos fundamentales y, en este sentido, debe asociarse la concepción de Estado de derecho a la de democracia y a la necesidad de construir una verdadera sociedad democrática.

El Estado de derecho y los derechos humanos son las dos caras del mismo principio: la libertad para vivir con dignidad. El Estado de derecho y los derechos humanos, por tanto, guardan una relación indivisible e intrínseca. Los derechos humanos no pueden protegerse en ninguna sociedad sin un pleno Estado de derecho.

Sin embargo, el Estado de derecho no sólo puede ser referencia en democracia, sino que pueden ser igualmente mencionados por un régimen dictatorial o totalitario, porque también estos regímenes invocan el imperio de la ley y tienen a sus “serviles juristas y complacientes magistrados” a su servicio, quienes se encargan de legitimar y adaptar el discurso para que parezca asociado con la concepción de Estado de derecho, imperando de esta manera el terror, el miedo, la mentira y la carencia de libertad, potenciando la creación de un derecho que estaría manipulado e ideado para garantizar la perpetuidad del régimen dictatorial como en la actual Venezuela.

Desde hace 20 años se ha venido instrumentando un supuesto sistema democrático “participativo y protagónico” pero basado en la concentración y centralización del poder, lo cual es una contradicción, con consecuencias demoledoras para la propia democracia y el Estado de derecho, con el propósito de instaurar un modelo político, económico y social con un objetivo ideológico de corte comunista, el cual, de manera hábil y a su vez revestido de todas las formas inconstitucionales logró sumir a más del 80% de los venezolanos en las peores condiciones de vida jamás conocida en la historia contemporánea del país. Además de haber originado un éxodo migratorio sin precedentes de casi 6 millones de personas.

Estado de derecho Vs.  Elecciones libres y justas
Es imprescindible que para que una democracia funcione y existan elecciones libres, justas y transparentes, sea necesario que en un país impere el Estado de derecho. En un sentido amplio, el Estado de derecho requiere que el Estado sujete a sus ciudadanos únicamente al cumplimiento de leyes promulgadas legalmente y que exista una separación de poderes entre las distintas instituciones del Estado, de tal forma que ninguna persona, sea de la condición social, política, raza, etc. que sea, esté por encima de la ley.

Precisamente por ello, en la Carta Democrática Interamericana adoptada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Lima, el 11 de septiembre de 2001, se enumeraron en su artículo 3, como elementos esenciales de la democracia representativa, además del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; del acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; de la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo; y del régimen plural de partidos y organizaciones políticas; la necesaria existencia de “la separación e independencia de los poderes públicos”.

El Estado de derecho en Venezuela es un tema que nos involucra a todos, y todos tenemos el deber de recuperarlo. Las personas que viven en una sociedad democrática deben ser los mayores guardianes de su libertad y tienen que abrir su propio camino hacia los ideales expuestos en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas.
Esto solo se podrá alcanzar mediante la instauración de un gobierno de emergencia nacional, en donde las principales funciones del son: atender la emergencia humanitaria compleja, reinstitucionalizar el país para que nos lleve a unas elecciones presidenciales realmente libres y lograr la confianza de nuevo en Venezuela.

Abg. José Antonio Robles / joseroblesp@gmail.com / Instagram: @jose.a.robles  / Twitter: @jaroblesp