UPP89 solicita al ente comicial controlar los abusos y el ventajismo electoral del PSUV

El partido UPP 89 asistió ayer a la convocatoria que las nuevas autoridades del C.N.E. le hicieran a las organizaciones con fines políticos para presentar sus propuestas de garantías electorales para las venideras elecciones parlamentarias 2020 y sus recomendaciones sobre la sentencia 068 de la Sala Constitucional del TSJ que establece el marco normativo para su realización. Participaron 24 de los 27 partidos nacionales habilitados y 6 partidos indígenas.

 

La organización UPP89 asistió en la persona de su Coordinador Nacional, Reinaldo Quijada y consignaron documento al respecto. Le pedimos, al que fuera candidato presidencial en el 2018, que nos hiciera un resumen de su intervención. “Lo que destacamos como punto principal es el uso indebido, recurrente y flagrante, del principal partido de gobierno de los fondos públicos, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 67 de la CRBV y en el artículo 257 del Reglamento de la LOPRE. El PSUV no sólo utiliza los fondos del fisco nacional, sino también toda la infraestructura pública de ministerios y gobernaciones, incluyendo sus vehículos y personal. Esto debe ser controlado por el ente rector y, agregamos nosotros, por el acompañamiento internacional que no sólo debe velar, por el cumplimiento de los aspectos técnicos y operativos del proceso, sino también por el acatamiento estricto de este precepto constitucional. Luego solicitamos que el CNE establezca, en su presupuesto electoral, el financiamiento de los testigos de los partidos, al igual que lo hace con los funcionarios del Plan República, miembros de mesa y demás personal del día de la votación, y el financiamiento parcial de propaganda electoral de los partidos. Este financiamiento  sería indirecto, a través y bajo el control del CNE, no requiere enmendar la carta magna, ya que los partidos no recibirían directamente estos recursos. Igualmente solicitamos que la equidad en el acceso a los medios públicos y privados se establezca no sólo durante el desarrollo de los 20 o 30 días de campaña electoral, sino desde el momento que se acuerden las garantías electorales. Por último pedimos la consideración sobre un tema nuevo en Venezuela, pero que tiene precedentes en Colombia, Ecuador y República Dominicana, como lo es la representación de los migrantes en el parlamento, al igual que existe una representación de los pueblos indígenas. Ya hay entre 5 a 6 millones de compatriotas que viven en el exterior, que tienen el derecho político de tener sus voceros directos en la Asamblea Nacional”.

 

Quijada esbozó en su intervención otro aspecto operativo sobre el cual solicitan la actuación del C.N.E.: “La emisión de salvoconductos para los representantes nacionales y regionales de los partidos políticos. Tenemos información precisa que nos indican que los equipos municipales y parroquiales del PSUV se vienen reuniendo, a pesar del aislamiento social estricto establecido por el tema del COVID 19, mientras los demás partidos estamos muy restringidos”. Igualmente el vocero de la UPP89 solicitó respuesta formal, del ente comicial, a las 11 solicitudes de Referendo Revocatorios, realizadas en los primeros días del mes de febrero de 2020, entre ellas a la Alcaldesa del Municipio Libertador Erika Farías y al Alcalde del Municipio Sucre del Estado Miranda, José Vicente Rangel Avalos. Finalmente señaló, a esta redacción, que aún no han tomado una decisión definitiva en cuanto a la participación de la UPP89 en las parlamentarias 2020. “Esperemos. Hay tiempo. Calma y serenidad”, indicó.

Nota de Prensa
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