Un proyecto político de militares que intentó imponerse por las armas en 1992 sin éxito y, seis años después, consiguió el poder mediante una contienda electoral liderada por un teniente coronel, persigue, en el presente, a los soldados de su país. Nicolás Maduro, aunque no es militar, pero sí sucesor del modelo socialista del siglo XXI planteado por el difunto Hugo Chávez, encabeza la responsabilidad de una cifra histórica en cuanto a militares detenidos por razones políticas en Venezuela.
Instigación a la rebelión, traición a la patria y faltas contra el decoro militar son los presuntos delitos por los que se acusa a la mayoría de los 163 militares que se encuentran detenidos actualmente en Venezuela. Cifra histórica en el país, que supera a las de mandatarios autoritarios como Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez y que, además, casi se equipara a la de los civiles presos en el presente por motivos políticos, que son 197, según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Un descontento oculto y temor a represalias es el sentimiento que está floreciendo e instalándose entre algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); así lo aseveran familiares de los efectivos tras las rejas.
Las razones son las mismas que afectan al resto de los venezolanos: escasez, hambre e hiperinflación. De hecho, las esposas de muchos militares expresan que ni siquiera con dos ingresos mensuales son capaces de mantener sus hogares ni cubrir necesidades básicas.
“Yo tampoco consigo carne, pollo, huevo”, dice Yocelyn Carrizales, esposa de Inbert Marín Chaparro, número uno de la promoción 1999, quien se encuentra detenido desde el 2 de marzo de este año en la sede del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. En este caso, Carrizales sostiene que hay un ensañamiento contra este efectivo, quien tiene el mejor promedio de la Academia Militar en la historia contemporánea del país.
Fueron nueve los detenidos en esa misma fecha, de los cuales seis son tenientes coroneles, pero él es el único del grupo que se encuentra en dicho calabozo, a pesar de que tiene boleta de traslado hacia Ramo Verde.
Marín Chaparro lideraba el Batallón Ayala en Fuerte Tiuna, Caracas, uno de los más importantes y extensos por su caballería motorizada. Los otros comandaban batallones, tanto en Caracas, como el Bolívar, y en otras partes del interior, como el Juan Antonio Paredes, en San Cristóbal (Táchira), o el Grupo de Caballería Blindada e Hipomóvil, en Calabozo (Guárico).
Al disentir de algo corres un riesgo. Esto no debe ser así. Inbert incluía en todos sus discursos a figuras como Simón Bolívar o héroes de la Segunda Guerra Mundial. Nunca los politizó y, quizás, eso generó un descontento en los generales. Hay miedo y ahora mucho más, ya que la persecución va creciendo”, agrega Carrizales.
Esta cifra supera con creces el total de militares que Hugo Chávez ordenó encarcelar durante su gestión. En los 14 años de su gobierno, 31 militares estuvieron presos, de acuerdo con los datos de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro). En solo un año, Maduro casi cuadruplicó este número. La mayoría de los efectivos detenidos pertenecen a los componentes del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). A Chávez no le quedan militares presos; su sucesor, en cambio, cuenta con 184 que se encuentran bajo procesos judiciales. Los detenidos al día de hoy se distribuyen principalmente en las cárceles de Ramo Verde, La Pica, Santa Ana, Fuerte Tiuna, Dgcim-Boleíta y el Helicoide.
“Chávez fue selectivo en sus detenciones, tanto de militares como de civiles. Y no solo selectivo, sus detenciones también eran emblemáticas y transmitían un mensaje específico: instigar el miedo. En el caso de los militares, en su mayoría fueron de alto rango. Como para decir, ‘si lo meto preso a él, imagínense que quedará para el resto’. Esto no ocurre con Maduro. En el presente se aplica la política de ‘te detengo y luego veo quién eres’“, dice Jackeline Sandoval, directora de Fundepro.
La violación sistemática del debido proceso y de los Derechos Humanos a los militares detenidos ha sido una constante en ambos gobiernos “bolivarianos”. El abogado de muchos de ellos y miembro de la Coalición por la Democracia y los DD. HH., Alonso Medina Roa, asevera que actualmente hay una “promiscuidad” en la calificación jurídica a un mismo hecho. Pone como ejemplo a oficiales procesados por conversar temas políticos en reuniones y que fueron acusados por supuestos actos de rebelión o traición a la patria.
“Lo que estamos viviendo es una ofensa a la estructura del derecho penal. De hecho, estamos presenciando un uso abusivo del derecho penal. Se ha configurado una exageración de su uso para sancionar a aquellos que han manifestado su inconformidad a la intromisión política en los cuarteles”, agrega.
La vigilancia hacia los efectivos también es una fórmula recurrente. Así lo asevera Sandoval, de acuerdo con denuncias que ha recibido por parte de familiares de militares. “En los cuarteles les revisan los celulares constantemente”, señala. A su juicio, lo que ocurre en el presente es que el descontento se castiga con persecución. Una persecución que, luego, deriva en incomunicación, tortura, aislamiento y retardo procesal; es decir, los militares no escapan de la realidad de los reos comunes o presos civiles políticos en Venezuela.
Oficiales torturados
En el caso de los tenientes coroneles detenidos el 2 de marzo, las esposas concuerdan en que la tortura empezó desde el primer día de la aprehensión. Permanecieron incomunicados por nueve días mientras se encontraban recluidos en el Dgcim-Boleíta. Cuando fueron presentados al Tribunal Supremo de Control para la audiencia de presentación todos tenían heridas físicas. La esposa de Marín Chaparro denunció que su pareja tenía dos costillas fisuradas, las muñecas maltratadas y las manos hinchadas. Esto se debe a que estuvo todos esos días esposados con las manos hacia atrás. Hasta la fecha se mantienen a la espera de juicio.
Por su parte, Ana Raquel de Soto, esposa del teniente coronel Víctor Soto, observó a su marido en este mismo tribunal golpeado por los costados, en las rodillas y en los tobillos.
Le echaban el polvo del gas lacrimógeno por las fosas nasales y en los ojos y, luego, le colocaban un pasamontañas para taparle toda la cara”, agrega.
En el caso del teniente coronel Henry Medina, su esposa, Leonela Difurt, cuenta que las manos esposadas hacia atrás durante los nueve días en el Dgcim provocó una lesión en el manguito rotador del brazo de su marido. “Trata de que me saquen de la Dgcim como sea”, fue lo primero que le dijo Medina a su pareja.
Las torturas del Dgcim también las observó Ysmenia Cedeño, esposa del guardia nacional y comandante del Destacamento de Seguridad Urbana en Petare, Abraham Suárez, detenido el 21 de mayo de este año, a quien guindaron por dos días —en esa posición tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas— le partieron la nariz, le golpearon las costillas hasta fisurarlas y le dieron tablazos en los glúteos al punto de que se formó una celulitis. Cedeño sostiene que la audiencia preliminar de su esposo ha sido diferida cuatro veces.
Institucionalidad vs desprofesionalización
Las esposas de los militares, desde distintas ciudades del país, coinciden en algunas características presentes en sus hogares: la apolítica, la creencia en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y, finalmente, la disminución de los beneficios laborales de sus parejas que, frente a la hiperinflación, les cercó la adquisición de productos básicos y dio inicio a preocupaciones en temas como la salud.
“El seguro que tenemos ahorita no alcanza ni para el ingreso a una clínica. Y te digo, siempre hemos estado bien con ese seguro, que cubrió completamente el parto de mi hija. Pero las cosas ya no son así. Nuestra visión es que esto tiene que cambiar. Los atropellos contra todos son horribles. Nos hemos vuelto una familia en desgracia y zozobra. Nadie puede estar contento con esto ni a favor de esto”, comenta Difurt, quien también ha sido víctima de la delincuencia cuando, hace unos años, un grupo de antisociales ingresó a su casa en Caracas e intentó secuestrarlos hasta que llegó la policía.
Su esposo dejó de salir uniformado. Difurt cuenta que, en los 12 años que tienen de matrimonio, jamás lo había visto sentirse avergonzado de utilizar su uniforme. Ambos se cansaron de los insultos que escuchaban en la calle.
“Mi esposo ha sido apolítico y militar desde que tiene 11 años. Él estudió en el liceo militar. No le gusta la política y eso ha sido así siempre. Él llega al cargo que llega porque no se inmiscuía en temas políticos, ni de un lado ni del otro. Mantenía su figura porque él viene de esa vieja formación”, agrega.
Mientras, en el hogar de los Soto, Ana Raquel explica que ella siempre ha sido opositora al régimen y cuando en distintas oportunidades se lo manifestó a su esposo, él mostraba reservas. “A él le interesaba seguir ejerciendo su cargo como oficial. Entendía el rol institucional. Podíamos estar en reuniones familiares y él nunca hablaba de ningún partido político. Mi esposo no se va a rebelar, ellos están formados para guardar silencio. Más bien dedicó su vida al trabajo”, comenta.
El doctor en Historia y profesor del posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar (USB), Hernán Castillo, apuntó que, históricamente, los militares venezolanos siempre han conspirado, desde José Antonio Páez hasta el propio Chávez, y que, en la circunstancia que atraviesa el país actualmente, existen más condiciones para el malestar, descontento y reclamo.
“Por un lado, tienes la situación económica y, por el otro, la desprofesionalización de la carrera. Son dos grandes motivos para la crítica. Los militares no están cumpliendo con sus tareas profesionales. Por ejemplo, tienes fronteras abandonadas y en manos de los paramilitares y el hampa común. Antes, los ascensos militares eran por los méritos. Ahora, todos los ascensos dependen de la voluntad de la Presidencia. No hay nada más preciado en la carrera militar que los rangos. La Fuerza Armada es como la iglesia o la academia, es una institución jerárquica. Cuando destruyes los méritos no te queda sino anarquía y caos”, señala.
A su juicio, este es el peor momento en la historia de la vida institucional de la FANB debido a las numerosas detenciones, solicitudes de baja y desertores. Está convencido de que cualquier salida violenta sería peor que las condiciones que persisten en el país. “Cuando la política no atiende los problemas, aparece la fuerza y la violencia. Solo que en Venezuela no sería la violencia clásica. Esto está mezclado con un Estado fallido y forajido. Es un Estado de hampa común”, sostiene.
No hay registro oficial de cuántos militares componen la FANB en el presente. Pero lo que asevera Castillo, así como un coronel retirado que estuvo preso durante el mandato de Chávez —quien prefirió resguardar su identidad— es que es una institución que se ha “clientalizado”.
“Chávez se encargó de depurar, corromper y quitarle el carácter profesional a la Fuerza Armada. A los gobiernos comunistas no les interesa tener personas pensantes, que compitan contra ellos. No les conviene. Entonces, las destruyen o las controlan. Así pasa en la Fuerza Armada, Pdvsa o empresas privadas poderosas como Polar. El problema hoy en día es que le preguntas a cualquier soldado de dónde egresó y muchos no te van responder la academia militar”, dice el coronel retirado.
Relaciona la eliminación de méritos y los ascensos a dedo impuestos por Hugo Chávez con una política diseñada para generar incondicionalidad por parte de los soldados. Una incondicionalidad que cree se ha desvanecido por la situación socioeconómica del país, pero que no se traduce necesariamente en actos conspirativos, sino, simplemente, en descontento. “Con el malestar de los militares pasa lo mismo que con el de los civiles, no hay quien lo canalice. Esto es un problema político y solo se resolverá con un cambio político”, agrega.
¿Cómo liderar una tropa con hambre?
Las esposas de los militares explican que la realidad del país sobrepasa a los comandantes, tenientes coroneles y mayores. “¿Con qué moral lideras una tropa, les intentas dar ánimo y echarlos para adelante cuando tienen el estómago vacío, cuando los escuchas que no consiguen medicinas y que están preocupados por sus hijos y familiares?”, dice Carrizales.
Las quejas de los soldados llegaron poco a poco a los oídos de los comandantes, pero a ellos solo les queda resolver y trabajar. No hay espacio para críticas ni quejas.
Él se preocupaba y me decía: ‘qué les voy a dar este fin de semana de comer’. Y eso lo tiene que resolver el comandante porque ya no tienen el servicio de alimentación. A veces hacían una especie de vaca”, añade la esposa de Marín Chaparro.
Algo similar le ocurrió a Henry Medina en su batallón en San Cristóbal. “La orden es: tú tienes que resolver”, cuenta su esposa. También agrega que hay mucho miedo a quejarse porque eso podría significar la cárcel. “Hay una especie de cacería. De hecho, cuando fui a buscar las cosas de mi esposo en el batallón, muchos soldados se me acercaron con miedo mostrándome su solidaridad por lo ocurrido porque al final lo respetan, lo aprecian, pero les da miedo hablar”, dice.
Difurt mantiene el hogar, aparte del ingreso de su esposo, con el salario de su centro estético. Por su parte, Ana Raquel, en Barinas, tiene un consultorio odontológico y también trabaja en una Misión Barrio Adentro. “Es muy fácil calificar a cualquier militar de enchufado. Te puedo decir que el ingreso principal en nuestra casa es el mío. Pero el de mi trabajo privado, porque lo de Barrio Adentro no me alcanza ni para la guardería de mis hijos, pero son espacios en los que se puede colaborar y ayudar a la comunidad. A veces teníamos los beneficios de que a mi esposo le daban una harina pan o azúcar, pero, de resto, estoy como cualquier venezolano, no consigo medicinas, champú, jabón y pare de contar”, relata.
“El curso militar de papá”
Los hijos suelen ser la debilidad de cualquier padre y, en el caso de los militares presos, no es la excepción. A la hija de Henry Medina, de seis años, Difurt le dijo en un principio, cuando el teniente coronel estaba recluido en Santa Ana, que era “el curso de papi”. Actualmente, Medina está en Ramo Verde y mantener la mentira frente su hija cada día es más cuesta arriba. “En Ramo Verde hay demasiadas rejas. La primera vez que fuimos se quedó como dos minutos en shock, no me dijo nada. En el fondo está clara de lo que pasa. En Santa Ana le dijo a su papá: ‘¿por qué no te disfrazas y nos vamos?’”.
Difurt comenta que la cárcel crea resentimiento. “No pueden pretender que estén conformes cuando les están destruyendo la carrera y la vida. Los militares son personas que trabajan y mucho. Tienen que hacer bastantes sacrificios. Y luego de tanto esfuerzo, ¿la recompensa es esta?”, se pregunta.
Por otro lado, Ysmenia Cedeño tiene que viajar desde Puerto Cabello hasta Caracas todos los fines de semana para visitar a su esposo en Ramo Verde, junto con sus hijos de nueve y cuatro años. “¿Mi papá robó?”, tiene la duda el mayor. La respuesta de sus padres es la explicación de los conceptos de democracia y dictadura, pero eso no es suficiente para un niño. Constantemente llora y se queja de que su papá no está en casa.
Las esposas ven a sus parejas más delgados, pero fuertes de espíritu. “Muchas veces no me dice cosas para no preocuparme. Ver a sus hijos tan poco tiempo es lo único que lo quiebra. Yo he visto la otra cara de la moneda. Se trata de unión, de aceptación. De todas las crisis sale algo bueno, algo positivo, sale un cambio. Para llegar a ese punto de conversión tenemos que unirnos, no importa que no seamos iguales, civiles o militares, al final, somos seres humanos y venezolanos. Estamos todos aquí por una razón. En mi caso, quiero lo mejor para mis hijos y esta situación no es la mejor para nadie y eso es lo que tenemos en común y tenemos que trabajar. El llamado es a la unión y a la reflexión, y comprender que una madre llora a sus hijos que son soldados. Mi suegra lo llora y él no ha disparado a nadie”, concluye Carrizales.
Crónica Uno