La revelación que destapó el escándalo de corrupción en Florencia

Sin ningún soporte, certificación o acta de las sesiones de aprobación llegó en la segunda semana de enero pasado a la Gobernación del Caquetá el proyecto de acuerdo con el que el Concejo de Florencia autorizaba un endeudamiento de 20.000 millones de pesos.

Esa fue la primera alerta que llevó a una investigación de la Fiscalía y la Policía y que en la mañana de este jueves permitió la captura de la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela; su esposo, Diego Luis Rojas Navarrete; la secretaria de Hacienda local, Liliana Barreto; el exsecretario de Desarrollo Yaír Díaz Díaz, y 10 concejales que el 28 de noviembre del 2014 aprobaron la iniciativa.

La investigación de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía y la Dijín señala que la alcaldesa y su esposo les pagaron 800 millones de pesos a los concejales para que ilegalmente aprobaran un cupo de endeudamiento de 20.000 millones de pesos, cuando el municipio solo tenía la capacidad para préstamos por 12.000 millones.

Para librar las 15 órdenes de captura, de las cuales ya se hicieron efectivas 14, fue clave el testimonio del exasesor jurídico de la alcaldía Germán Isaza Morales, quien había sido capturado a mediados de febrero, junto con el esposo de la alcaldesa. Ambos eran señalados de intentar sobornar con 200 millones de pesos a una fiscal para que le archivara una investigación a la mandataria. No obstante, un juez de Bogotá consideró que la captura fue ilegal y los dejó en libertad.

Isaza terminó por negociar con la Fiscalía y recibió un principio de oportunidad para entregar información sobre irregularidades en la administración local. El testigo dijo a los investigadores que en su casa y en un hotel de Florencia les entregó 800 millones de pesos a los jefes de las bancadas del Concejo para que aprobaran el cupo de endeudamiento. Sostuvo que la plata se la entregaron la alcaldesa y su esposo.

El exfuncionario relató que se hizo un pago inicial de 200 millones de pesos en el momento de la presentación del proyecto, otro por 200 millones tras su aprobación y 400 millones más cuando fue enviado a la gobernación para la revisión.

Esta versión fue corroborada ayer por el concejal Felipe Pérez, uno de los que no se vio involucrado en el escándalo de corrupción. “El maquillaje fue tan bárbaro que en la documentación colocaron que nuestro municipio tenía un superávit de casi 20.000 millones de pesos. Si había un superávit, ¿cuál era la necesidad de pedir un crédito?, no era necesario”, aseguró.

Pero la Fiscalía considera que también se habrían realizado pagos a funcionarios judiciales y de la Contraloría Departamental que debían revisar la legalidad de lo aprobado.

“Esta es la primera fase de la investigación, vendrán otros capítulos porque tenemos evidencias de que ellos habrían cooptado el Concejo para quedarse con la plata del endeudamiento, pero también habrían hecho ofrecimientos a integrantes de la rama judicial”, sostuvo el jefe de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, Mario Montes Giraldo.

La tesis de la Fiscalía es que la plata para pagar el soborno fue prestada por contratistas a los que se iban a entregar las licitaciones que serían financiadas con el cupo de endeudamiento. “Tenemos informaciones de que ese cupo de endeudamiento se pidió con el único objetivo de entregar contratos por los que la administración recibiría el pago de coimas”, señalaron fuentes oficiales.