Investigan en Argentina supuesto desvío de fondos públicos hacia Pdvsa

Un fiscal de Argentina pidió abrir una investigación al titular de la Administración de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, por supuesto desvío de fondos hacia la petrolera estatal venezolana Pdvsa, informaron hoy medios locales.

El fiscal federal Federico Delgado dio así curso a una denuncia realizada por Elisa Carrió y Fernanda Reyes, dos dirigentes de la opositora Coalición Cívica, que alcanza, además de a Bossio, al secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.

Delgado solicitó a la Justicia formalmente iniciar una investigación, pedido que recayó en el magistrado Julián Ercolini.

El diario La Nación, de Buenos Aires, informó en su versión digital que se sospecha del desvío de fondos desde la Anses, organismo que administra los recursos del sistema de previsión social argentino, hacia Pdvsa a partir de resoluciones gubernamentales publicadas en el Boletín Oficial.

Según el periódico, mediante esas resoluciones se emitieron instrumentos financieros por unos 1.552 millones de dólares suscritos por la Anses.

Esos instrumentos financieros estaban destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y a la estatal Energía Argentina para que estas empresas cancelaran deudas con Pdvsa, reseñó Efe.

Según un escrito del fiscal, la norma que habilita la emisión de deuda pública es del 18 de octubre de 2012, mientras que la operación misma de emisión data del 18 de enero de 2012.

En tanto, la resolución sobre la operación fue publicada en el Boletín Oficial, el pasado 28 de junio, según Delgado.

Al hacer su denuncia, Carrió y Reyes habían hecho notar que los instrumentos financieros (letras del Tesoro) se habrían emitido «nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno».

Según las dirigentes opositoras, la maniobra podría constituir una operación «que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado».

La emisión, apuntaron, se realizó «sin ley que lo habilite» y «sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos e intereses».

EFE

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