Diputados del Zulia «madrugaron» a la Guardia Nacional para exigir cese a la represión

Desde el pasado 30 de marzo el pueblo venezolano está siendo reprimido en la calle. Salen a exigir la restitución del hilo constitucional y el reconocimiento del golpe de Estado perpetrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Frente a eso y luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hayan pronunciado sobre la situación por escrito, los diputados a la Asamblea Nacional por el Zulia madrugaron en la entrada de la Guardia Nacional para exigir el cese a la represión.

A las 6.30 de la mañana del viernes santo, los parlamentarios Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconiz y Desiree Barboza, en compañía de concejales y algunos dirigentes políticos, llegaron la Zona Nº 11 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Zulia, antiguo Core 3, con los comunicados internacionales en la mano e intentaron entregárselos personalmente al general de brigada Elio Ramón Estrada Paredes, pero éste no se encontraba en el lugar. Los oficiales presentes activaron un grupo antimotín y lo dispusieron en la entrada.

Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, aseguró que activar un grupo antimotín de al menos 20 oficiales, para recibir una comisión de diputados es muestra de la orden que tienen de reprimir a quienes piensan distinto. “Quisimos conversar con la Guardia Nacional, mostrarles la resolución la CIDH y también la de la ONU con fecha del 11 de abril de 2017, donde se le hace un llamado público e internacional al gobierno venezolano para que asegure los derechos a la manifestación pacífica y la libertad de opinión. También hace un llamado a las fuerzas de seguridad a operar de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos. No pueden reprimir la manifestación pacífica porque es un derecho constitucional y lo que tienen que hacer es acompañar y proteger al pueblo”.

En medio de la visita Guanipa destacó que los diputados le exigen a la Guardia Nacional “que desmonten los mal llamados colectivos que asesinan a la gente que sale democráticamente a manifestar su inconformidad con el gobierno”. “Ellos son los infiltrados, son los que amedrentan, amenazan a la gente de muerte, disparan, matan sin importarles nada; y a ellos nadie los reprime. Esto debe detenerse”.

Avilio Troconiz, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que como representantes del pueblo responden correctamente a su sentimiento de frustración y angustia frente a la crisis que vive  Venezuela. “Estamos en el deber de acompañar a la gente a reclamar sus derechos. Y la Guardia Nacional debe conocer que la CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país. La carta de la CIDH advierte que la situación de Venezuela está siendo monitoreada y nosotros agregamos que los delitos cometidos por funcionarios del gobierno y de la milicia no prescriben. En algún momento deberán rendir cuentas”.

En particular, la CIDH aclara que “la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”. Enfatiza que “cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio” puesto que es “obligación del Estado abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos”.

Destacan también las recomendaciones: “abstenerse de exigir autorización previa para la realización de manifestaciones públicas u otros requisitos excesivos que dificulten su realización, excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas e iniciar investigaciones sobre los hechos reportados”.

DC/NP