Santos en desacuerdo con reforma del artículo que castigaba consumo de sustancias prohibidas

Un polémico artículo de la reforma al Código Disciplinario, con el cual se cataloga como falta gravísima que un funcionario consuma “sustancias prohibidas” en “lugares públicos”, está entre los argumentos de la Casa de Nariño para objetar la iniciativa y devolverla al Congreso.

Para el presidente Juan Manuel Santos, quien firmó el texto, castigar el consumo de sustancias que “produzcan dependencia física o psíquica” –el alcohol no está en esta categoría– en lugares públicos, hasta con sanciones de 20 años de inhabilidad, es una afrenta contra las libertades personales.

El Jefe de Estado argumenta que no se puede mover el Estado para sancionar a los funcionarios por lo que hacen en su tiempo libre y en horas que no están relacionadas con lo laboral, pues “no es lo mismo consumir alucinógenos en el sitio de trabajo (lo cual sí es sancionable) que hacerlo el domingo en un parque”.

La reforma del Código Disciplinario que incluye ese controvertido artículo fue promovida en el Congreso por el procurador general, Alejandro Ordóñez, y por el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, y contó con mayorías durante su trámite legislativo.

Pero, al ser analizado por el equipo jurídico de Santos, se encontró que un tema de esta naturaleza, que atenta contra las libertades personales que han sido salvaguardadas por la jurisprudencia colombiana, no puede ser objeto de sanción o vigilancia por parte de las instituciones del Estado.

“Dicha conducta no está ineludiblemente atada ni asociada a la jornada de trabajo y, además, en estas condiciones ha sido considerada por la jurisprudencia como una forma de ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad”, precisa el documento obtenido por EL TIEMPO.

El tema pasó desapercibido durante el trámite de la iniciativa en el Congreso, pero prendió las alarmas en la Casa de Nariño cuando se analizó su alcance.

En el documento de las objeciones, se añade que esta postura “contraría el principio de proporcionalidad constitucional”, ya que –entre otras cosas– se equipara a delitos realmente graves como masacres o desaparición de personas, que a la luz del derecho disciplinario, sí son castigados con las sanciones que se imponen por faltas gravísimas.

Cabe recordar que el procurador Ordóñez ha sido un duro crítico de la despenalización de las drogas porque, según él y entre otras razones, “facilita el consumo y este, la adicción”. Incluso, propuso un referendo para tratar este tema.

DC|ET