Habilitante disfrazada, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

El Decreto de Emergencia Económica aprobado por Nicolás Maduro en el Consejo de Ministros y publicado en la gaceta oficial la semana pasada, que fue llevado el 15 de enero a la Asamblea Nacional con ocasión de la presentación del mensaje anual del Presidente de la República de su gestión político administrativa del año 2015, para la discusión, análisis, aprobación o negación del Poder Legislativo, forma parte del conjunto de acciones que viene acometiendo el gobierno, desde su aplastante derrota del pasado 6 de diciembre, con miras a tratar de boicotear, anular y desconocer la nueva mayoría parlamentaria y la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela en los comicios para elegir la nueva Asamblea Nacional.

Hago esta afirmación, porque luego de consumada la derrota oficialista, lo primero que hicieron fue convocar sesiones extraordinarias del moribundo parlamento, para fuera de lapsos, ilegal e inconstitucionalmente nombrar unos magistrados, que siete días después de los nombramientos el 30 de diciembre, a solicitud de dirigentes y candidatos derrotados del PSUV, declararan con lugar las medidas cautelares e impugnaciones formuladas por ellos y dictaron una sentencia sin precedentes en nuestra historia judicial, que dejó sin efecto los actos de totalización, acreditación y proclamación de los Diputados electos por el estado Amazonas, contrariando la propia sentencia Dictada por ellos, cuando en el 2013 y a propósito de la ausencia del fallecido Presidente Hugo Chávez para su juramentación en febrero de ese año, sentenciaron que los poderes constituidos, no podían dejar sin efecto a ningún cargo electo por el voto popular; a estos actos le siguieron las acciones administrativas vandálicas del saliente presidente de la Asamblea Nacional, que cual caporal de finca entregó los bienes y activos de la planta de televisión del parlamento ANTV y autorizó las sesiones del creado parlamento comunal en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo, como si estos bienes fueran de su propiedad. Si a esto agregamos el tono desafiante del discurso del señor Nicolás Maduro y de los altos voceros del partido de gobierno, que incluso han llegado a afirmar que la sala constitucional, puede asumir el rol del poder legislativo recién electo y ahora el señalado decreto de “emergencia económica”, que es  violatorio de la Constitución Nacional porque cercena el derecho a la propiedad y otros derechos económicos y se traduce en una especie de HABILITANTE DISFRAZADA o por trocha, que otorgaría nuevamente al ejecutivo, las funciones del poder Legislativo, entonces no queda otra conclusión, que estamos en presencia de un régimen que se niega a reconocer el mensaje enviado por el pueblo con sus votos el 6D y por el contrario está decidido a confrontar y extremar posiciones, porque la crisis económica traducida en la inflación más grande del planeta, escasez, desabastecimiento, colas interminables, parálisis del aparato productivo y pulverización de nuestra moneda no apareció el 5 de enero cuando se instaló el nuevo parlamento, como pretenden hacer ver con el señalado decreto, sino que venimos padeciéndola desde hace muchos años, gracias al fracasado modelo económico instaurado desde la llegada del chavismo al poder en febrero de 1.999, por lo que ese instrumento engañoso es el atajo que pretenden tomar, para hacerle creer a los venezolanos que ellos no son los responsables del caos que estamos viviendo y de la destrucción de Venezuela.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”PSB.

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP