¡Alerta en Yaracuy! Piden intervención urgente del Circuito Penal para revisar los casos de 180 detenidos en medio de una crisis judicial.
Una gran concentración de familiares de privados de libertad y miembros de la sociedad civil tuvo lugar en las afueras del Circuito Judicial de San Felipe, estado Yaracuy. Los manifestantes exigieron una intervención urgente del sistema de justicia regional, el fin del retardo procesal y una exhaustiva auditoría de los expedientes de alrededor de 180 personas recluidas en condiciones críticas. La actividad destacó el profundo descontento social por las presuntas irregularidades que afectan a los tribunales de la zona.
Durante la protesta, la abogada Marbella Gutiérrez, representante de la organización civil «Yaracuy en Transición», solicitó oficialmente la revisión de los casos de las 180 personas detenidas en centros policiales del estado. Gutiérrez hizo énfasis en las violaciones al debido proceso y la tutela judicial efectiva. En su revisión de los expedientes, identificó patrones como la simulación de delitos, conocida como la «siembra» de pruebas, prácticas que son respaldadas por fiscales del Ministerio Público.
Además, la abogada alertó sobre los traslados arbitrarios de varios detenidos a centros penitenciarios fuera de Yaracuy. Esta situación no solo interfiere con el juicio que les corresponde, sino que también genera una carga económica considerable para las familias, que en su mayoría provienen de sectores vulnerables.
Los relatos recogidos durante la manifestación reflejan el impacto humanitario de la crisis en el sistema judicial. Nurys Arza, madre de un detenido, comentó que su hijo fue trasladado abruptamente al estado Lara sin previo aviso, lo que generó incertidumbre sobre su caso. Arza mencionó que los altos costos de transporte y los requisitos para las visitas complican aún más la situación de las familias, exigiendo que los detenidos sean trasladados de vuelta a su jurisdicción original.
Por su parte, María Castillo narró el caso de su hijo en la Comandancia General de San Felipe, quien supuestamente fue víctima de la siembra de pruebas. A pesar de contar con un informe psiquiátrico que da cuenta de un trastorno mental grave, su proceso judicial sigue estancado. Los familiares denunciaron la falta de protocolos de atención humanitaria para internos con problemas de salud mental.
La protesta recibió el apoyo del Dr. Nelson León, rector del poder judicial de Yaracuy, quien criticó el funcionamiento de los tribunales locales. León afirmó que el Circuito Penal ha ignorado sistemáticamente el debido proceso y las garantías constitucionales.
Finalmente, el jurista destacó que el retardo procesal afecta especialmente a los sectores más desfavorecidos, sugiriendo que la corrupción permite que los casos de quienes poseen recursos se resuelvan más rápidamente. Ante esta situación, los organizadores de la protesta anunciaron su intención de presentar un documento ante instancias nacionales para exigir la intervención del circuito judicial, buscando garantizar un juicio justo.
DCN/Agencias
