
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha alzado la voz ante un nuevo tipo de estafa y extorsión que amenaza a los ciudadanos. El director general, comisario Douglas Rico, informó acerca de la circulación de boletas de citación y órdenes de aprehensión falsificadas, empleadas por bandas delictivas y ciberdelincuentes para intimidar a la gente y exigirles grandes sumas de dinero bajo la amenaza de detención.
Según las primeras indagaciones y las labores de patrullaje digital del Cicpc, estos delincuentes han creado formatos fraudulentos que imitan de manera casi exacta la papelería, sellos y grafismo del cuerpo policial. La audacia de estas organizaciones ha llegado al extremo de suplantar la firma del propio director general, Douglas Rico, para dar una apariencia de legalidad a los documentos falsos enviados a las víctimas.
La estafa inicia cuando la persona afectada recibe una supuesta boleta de citación a través de redes sociales o plataformas digitales. Luego, los extorsionadores contactan a la víctima para exigirle transferencias de dinero o pagos en divisas a cambio de «archivar» el expediente ficticio o evitar una inexistente orden de captura. Este método de presión psicológica busca que la víctima actúe rápidamente, cediendo al chantaje sin verificar la autenticidad del requerimiento.
Las autoridades han indicado que este modus operandi no es aleatorio. Las redes delictivas realizan un análisis detallado y perfilan a sus víctimas basándose en la información que estas comparten públicamente en redes sociales. Conociendo su situación socioeconómica, relaciones familiares y actividades comerciales, los delincuentes pueden construir un discurso manipulador efectivo, que incide en el juicio crítico de los afectados.
Este fenómeno va de la mano con un aumento de otras tácticas de ingeniería social en el país, como el «vishing», donde los estafadores hacen llamadas telefónicas suplantando la identidad de entidades oficiales o bancarias. La unión de estas técnicas digitales y la falsificación de documentos representa un reto creciente para la seguridad ciudadana y la ciberseguridad.
Ante la gravedad de la situación, el comisario Rico destacó que el Cicpc posee protocolos claros y estrictos para la emisión de citaciones. Las boletas oficiales no se envían de manera informal a través de redes sociales, sino que se entregan físicamente por funcionarios debidamente identificados y autorizados. La policía instó a la población a no ceder ante presiones económicas y a acudir a las oficinas del Cicpc para formalizar denuncias y facilitar el rastreo de los responsables.
DCN/Agencias