
El capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Juan Carlos Caguaripano, cumple nueve años en prisión y doce de separación familiar tras liderar el alzamiento en el Fuerte Paramacay. Su esposa, Irene Olazo, clama por justicia, rechazando cualquier trascado político.
Desde el 11 de agosto de 2017, cuando fue detenido en Caracas, la familia ha enfrentado años de sufrimiento. La situación se intensificó tres años antes, cuando Caguaripano expresó su rechazo a la corrupción y la injerencia extranjera en el ejército. Su hija, Samantha Nazareth, ha crecido sin su padre, mientras que su madre ha ido perdiendo la lucidez y su esposa ha asumido el rol de madre y padre.
La condena de Caguaripano llegó el 19 de diciembre de 2025, cuando fue sentenciado a 30 años, aunque su defensa apeló la decisión. La audiencia de apelación, realizada telemáticamente el 26 de agosto, se retrasó casi cinco horas y no se emitió un veredicto inmediato.
Olazo revela el impacto de la ausencia de Caguaripano en la vida familiar. «Es una espera suspendida», dice, señalando que su hogar está marcado por la falta de su esposo y padre. La pequeña ha vivido cumpleaños y navidades sin él, y la madre ha tenido que lidiar con la realidad de explicar su ausencia a la niña.
A lo largo de su reclusión, Caguaripano ha sido víctima de torturas y su situación ha afectado gravemente a su familia. Con el tiempo, la historia de Caguaripano se ha transformado en un símbolo de la lucha por derechos y justicia en el país. Olazo asegura que la familia no busca canjes, solo reparación y justicia.
DCN/Agencias