
Los herederos del empresario venezolano Oswaldo Cisneros denunciaron que el gobierno de Venezuela confiscó injustamente derechos de perforación petrolera correspondientes a DP Delta Finance BV, trasladando esos activos a una compañía estadounidense. La empresa, dirigida por la esposa e hijos de Cisneros, afirma que fueron despojados de sus bienes y del control operativo a través de un proceso que califican de «sanciones arbitrarias», y estiman que la deuda pendiente asciende a 2.000 millones de dólares.
Entre los activos confiscados se encuentra una participación en derechos de perforación en el Cinturón del Orinoco. Según Bloomberg, el gobierno revocó estos derechos a principios de este año y posteriormente los transfirió a Pacific Coast Energy Co.
Juan Domingo Alfonso Paridisi, asesor legal de DP, indicó que el Ministerio de Hidrocarburos fue el encargado de iniciar la revocación y es responsable de la confiscación. DP solicita la restitución de sus activos. Hasta el momento, ni el Ministerio ni Pacific Coast han respondido a las solicitudes de comentarios sobre esta controversia.
La situación se da en medio de una presión creciente por parte de la administración de Trump para incrementar la participación estadounidense en el sector energético, mientras la presidenta interina Delcy Rodríguez planea la firma de nuevos contratos de perforación en las próximas semanas, tras modificar legislación petrolera con el fin de atraer inversión extranjera.
DP mantenía una participación en la empresa conjunta Petrodelta, que le otorgaba derechos de perforación hasta 2042. Sin embargo, el gobierno revocó esas autorizaciones bajo la alegación de incumplimiento en los planes de inversión y producción. DP también reportó que Petrodelta produjo 12 millones de barriles de crudo, valorados en 700 millones de dólares, sin recibir pago alguno hasta marzo pasado.
DCN/Agencias