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El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha impulsado una política de medidas militarizadas en su lucha contra el tráfico de drogas, tanto a nivel nacional como internacional. Esta estrategia ha sido presentada como respuesta a la amenaza de grupos criminales, destacando particularmente al Tren de Aragua.
En su búsqueda de apoyo popular, Trump ha exagerado el impacto de estos grupos en el país, lo cual ha llevado a la ejecución de grandes operativos destinados a localizar y deportar migrantes indocumentados.
A nivel regional, el gobierno estadounidense ha incluido a 18 organizaciones criminales de América Latina y el Caribe en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esta inclusión ha permitido que se implementen tácticas agresivas, incluso bombardear embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas internacionales. Desde septiembre de 2025, estas operaciones han dejado más de 200 muertos; sin embargo, las incautaciones de cocaína en Estados Unidos no han superado los niveles del año anterior, y los traficantes han continuado sus operaciones, adaptando sus rutas de distribución.
Adicionalmente, Estados Unidos ha reanudado su estrategia enfocada en los capos del crimen organizado, dirigiendo sus esfuerzos hacia la captura de líderes en países como Venezuela, México, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, la eliminación de estos líderes generalmente no destruye las organizaciones, sino que provoca fragmentaciones internas y luchas por el poder, resultando en un aumento de la violencia en la región.
Esta situación refleja la complejidad del fenómeno del narcotráfico en América Latina y su interconexión con políticas internacionales. La continuidad de estas dinámicas plantea desafíos significativos en la región.
DCN/Agencias