
Al menos 518 presos políticos continúan en los centros de detención de Venezuela, a pesar de los estragos causados por el doble terremoto del 24 de junio de 2026. Este sismo afectó la infraestructura carcelaria y obstaculizó las redes de apoyo familiar que surten a los internos de alimentos y medicinas.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), liderada por la abogada y defensora de derechos humanos Martha Tineo, ha reportado que el Estado no ha ofrecido un informe oficial sobre la situación de las instalaciones penitenciarias. Además, los reclusos políticos iniciaron protestas internas tras el terremoto.
Según Tineo, hubo daños en las estructuras carcelarias, aunque no se han confirmado como graves. La defensora lamenta la falta de inspecciones por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios y la ausencia de un reporte oficial que confirme la realización de estas.
Después del terremoto, los internos fueron desalojados a áreas abiertas y posteriormente regresados a sus celdas, lo que provocó una manifestación pacífica que fue dispersada por las autoridades, quienes, supuestamente, utilizaron gases lacrimógenos y disparos de perdigones.
En cuanto a las familias, Tineo explica que las redes de apoyo se han visto severamente afectadas, lo que complica la asistencia a los reclusos. Esta situación ha dejado a las familias en condiciones de precariedad, ya que son ellas las responsables de proveer a los detenidos con los insumos necesarios.
Asimismo, la ONG documenta que, entre los presos políticos, hay 36 personas con enfermedades graves y crónicas, quienes no han recibido medidas humanitarias, a pesar de la normativa que lo permite.
Por último, las condiciones de servicio básicos en las cárceles se han deteriorado aún más tras el terremoto.
DCN/Agencias