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La Comunidad de Madrid, bajo el control del Partido Popular (PP), aprobó recientemente una ley que reconoce a los “nasciturus” como parte de la unidad familiar con efectos administrativos. Esta legislación ha sido rechazada por partidos de izquierda y sindicatos debido a sus posibles repercusiones en el derecho al aborto.
La ley, que busca otorgar a las familias ventajas fiscales y ayudas desde el momento en que se confirme un embarazo, fue aprobada el 2 de julio con los votos del PP y Vox. La propuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se formuló durante su campaña electoral en 2019.
La normativa establece que las ayudas –como las becas para el bachillerato o el primer ciclo de educación infantil en centros privados– tomarán en cuenta al «nasciturus» desde que se acredite el embarazo. Además, familias con dos hijos que esperen un tercero comenzarán a recibir beneficios a partir del día siguiente a la semana 14 de gestación.
La ley, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entra en vigor casi de inmediato. También incluye un protocolo en caso de que el bebé no llegue a nacer; en tal caso, la administración no podrá exigir la devolución de las ayudas recibidas.
Durante el debate, la diputada de Vox, Belén González, cuestionó esta disposición, sugiriendo que permite a las mujeres solicitar ayudas incluso si posteriormente deciden abortar. Desde el PP, se arguyó que la ley representa un «grito a la vida», mientras que la oposición la tildó de “chapuza” y acusó al PP de no abordar las verdaderas necesidades sociales de mujeres y familias en Madrid.
Los partidos de izquierda, como el Partido Socialista y Más Madrid, aseguraron que esta medida responde más a una guerra cultural que a un apoyo real a las familias. Raquel Huerta, diputada de Más Madrid, enfatizó la necesidad de garantizar libertad para ser madres y abortar de manera segura. Por su parte, Lorena Morales, del PSOE, criticó la atención al «nasciturus» sin enfocarse en los problemas actuales de los niños en situación de pobreza.
A nivel nacional, la oposición también ha manifestado su desacuerdo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció su intención de implementar una ley similar a nivel nacional tras las elecciones de 2027, a lo que sindicatos han respondido pidiendo su repensar esta agenda.
DCN/Agencias