
La suma de los expedientes judiciales abiertos en diversas jurisdicciones del mundo estima que el desfalco vinculado a la corrupción en Venezuela supera los 70.000 millones de dólares. Así lo afirmó Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, en el marco del informe titulado “El mapa de los decomisos”.
Esta información se presentó durante el foro virtual “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas”, organizado por la ONG. Especialistas discutieron los retos técnicos y legales que el país deberá enfrentar para repatriar estos fondos en un posible escenario de transición democrática.
Los expertos subrayaron la necesidad de mecanismos institucionales novedosos y acuerdos de cooperación para avanzar en estos procesos. Señalaron que la falta de una justicia independiente complica la coordinación con las autoridades internacionales encargadas de investigar estos casos.
De Freitas indicó que hasta ahora se han incautado 719 bienes, valuados en cerca de 4.000 millones de dólares, lo que representa una cifra menor en comparación con el total relacionado con la corrupción venezolana. Estos activos se han identificado en 21 países, de los cuales 287 tienen decomisos definitivos con sentencias judiciales por más de 1.300 millones de dólares.
Los restantes 432 activos aún no tienen resolución definitiva, principalmente por la falta de información y cooperación de las autoridades venezolanas. De Freitas dejó ver que muchos casos se cierran temporal o definitivamente porque los tribunales requieren información de Venezuela, y esta no se proporciona.
María Alejandra Márquez, fundadora de la Fundación para la Iniciativa de la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), mencionó que su ONG monitorea 80 expedientes en Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte de las investigaciones por corrupción vinculadas a Venezuela. Las órdenes de confiscación en esos casos suman 3.900 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 600 millones están disponibles para recuperación. Además, destacó la relevancia de promover la Ley Pana (Pana Act) en el Congreso estadounidense como herramienta contra la corrupción.
DCN/Agencias