
La Orden Ejecutiva 14373, emitida por el expresidente de EE. UU. Donald Trump tras el ataque militar del 3 de enero, establece que los ingresos petroleros de Venezuela se depositen en cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense. Este movimiento histórico asigna recursos nacionales al Estado venezolano bajo supervisión estadounidense, en un contexto donde la administración argumenta proteger esos ingresos de la corrupción oficial y de posibles sentencias judiciales.
La orden se titula: “Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos, para el bien del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”. El Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro de EE. UU. tienen la autoridad de decidir el uso de estos fondos, que eventualmente son enviados al Banco Central de Venezuela, que recientemente ha visto levantadas algunas sanciones. Según el economista Asdrúbal Oliveros, un 83% de los ingresos del país son manejados desde Washington, principalmente provenientes de empresas internacionales y contratos petroleros.
Expertos, como el economista Víctor Álvarez, destacan que esta situación forma parte de un control sobre el comercio exterior de Venezuela y favorece a exportadores estadounidenses con un modelo de intercambio comercial que prioriza la financiación de sus exportaciones.
Venezuela siempre ha buscado diversificar su economía, pero la dependencia del petróleo se mantiene alta. Después de una caída drástica en la producción en 2020, esta se ha recuperado lentamente, alcanzando más de 1,2 millones de barriles diarios, con previsiones de crecimiento gracias a nuevas licencias otorgadas a empresas como Chevron y Repsol.
A pesar del aumento de la producción, el dinero generado no se refleja en la economía diaria. El tipo de cambio es volátil y la inflación supera el 600% anual, lo que limita las mejoras salariales. Aunque hay reportes de un aumento en la liquidación de dólares, persiste la percepción de que los beneficios no llegan a la población.
Los planes de crecimiento futuros apuntan a que los ingresos por venta de crudo podrían alcanzar los 15.800 millones de dólares en 2026, con una posible mejora en la liquidación a la economía y en la recaudación tributaria. Sin embargo, la administración del Estado se enfrenta a limitaciones que impiden aprovechar estos ingresos para generar un impacto positivo en la economía.
DCN/Agencias