
Debate sobre la Reactivación Económica en el Eje Petrolero de Zulia
Este fin de semana, el debate acerca de la reactivación económica del eje petrolero en Zulia cobró relevancia. El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Pablo Pérez, se pronunció en Lagunillas, afirmando que el gobierno nacional debe devolver los bienes e industrias a sus respectivos dueños.
La posición del diputado se fundamenta en los daños comerciales provocados por la Ley de Reserva de Hidrocarburos de 2009. Pérez hizo hincapié en que las expropiaciones pasadas en el sector petrolero afectaron severamente la autogestión de las comunidades locales.
La falta de funcionamiento en talleres y muelles ha repercutido negativamente en el desarrollo productivo de la región, reduciendo notablemente las oportunidades laborales en las localidades occidentales. Pérez subrayó que la administración actual tiene «la potestad legal para devolver los bienes a sus legítimos dueños y resarcir los daños causados».
En sus actividades, el diputado ha realizado varias mesas de trabajo con representantes de gremios comerciales locales. Estas comisiones del poder legislativo están coordinando esfuerzos para acelerar respuestas institucionales que ayuden a mitigar las pérdidas económicas de los empresarios.
Además, las discusiones en la cámara abarcan planes para reestructurar los sistemas de distribución de energía en la región. Pérez notificó sobre la introducción en primera discusión de un proyecto de reforma legal que regula el servicio eléctrico.
Este nuevo marco legal propone la descentralización de las operaciones para eliminar el monopolio que ejerce la corporación Corpoelec. La ley buscará facilitar la incorporación de inversiones privadas y capitales mixtos, con el objetivo de resolver el prolongado problema de racionamiento y las fluctuaciones en el suministro eléctrico.
Finalmente, el diputado dio a conocer un balance sobre la aplicación de las normativas de amnistía en Venezuela. Pérez destacó que, gracias a los mecanismos parlamentarios, se ha logrado la liberación de 900 personas recluidas en distintos centros de salud y penitenciarios en el país, aunque quedan entre 300 y 350 casos por resolver.
DCN/Agencias