El precio de la ineficaz gestión de la CPI en Venezuela
El caso de Carmen Navas y el testimonio del ex preso político Guillermo López revelan la necesidad urgente de que la Corte Penal Internacional (CPI) intensifique su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde hace años, numerosas víctimas y organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, pero el avance de la justicia internacional no ha estado a la par con las expectativas.
A medida que los trámites en La Haya proseguían, muchas vidas se perdían en Venezuela. Carmen Teresa Navas, de 82 años, dedicó 16 meses buscando a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, detenido en enero de 2025. Tras un prolongado periodo de incertidumbre, las autoridades confirmaron su muerte bajo custodia estatal y su sepultura sin el conocimiento familiar. Pocos días después de recibir esta trágica noticia, Carmen también falleció, dejando un profundo eco de indignación.
La CPI mantiene abierta la investigación llamada «Venezuela I«, que aborda supuestos crímenes desde 2014, aunque la Fiscalía afirma que las indagaciones siguen en marcha. En la práctica, esta lentitud genera una sensación de desesperanza entre los afectados.
Guillermo López, abogado y ex preso político, compartió su experiencia de más de dos años de privación de libertad debido a razones políticas. Para él, el sufrimiento que vive cada familia en esta situación es indescriptible. Al comentar sobre la tragedia de Carmen y su hijo, subrayó que es necesario que los mecanismos internacionales actúen rápidamente.
A pesar del desgaste, López considera que la CPI sigue siendo una de las pocas esperanzas para enfrentar la impunidad en el país, deseando que los investigadores puedan trabajar en el territorio venezolano y conectarse directamente con los afectados. La falta de resolución en estos casos es un fuerte recordatorio de que la justicia tardía puede convertirse en impunidad.
DCN/Agencias
