
Javier Tarazona, activista y director de la ONG Fundaredes, denunció el 28 de abril que la audiencia de su juicio, que involucra a otros miembros de la organización, fue nuevamente diferida.
A través de un video en sus redes sociales, Tarazona indicó que la suspensión ocurrió tras tres horas de espera y lo consideró una prueba más de la criminalización del activismo y la defensa de los derechos humanos en el país. Al salir del tribunal, planteó inquietudes respecto a la prolongación de esta situación.
Tarazona también dirigió un mensaje a los magistrados de la Sala de Casación Penal, en el contexto de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo que se atiendan los recursos presentados por su defensa bajo la Ley de Amnistía. Denunció sentirse revictimizado por los constantes retrasos en su caso y resaltó la importancia del respeto a la Constitución y la correcta aplicación de las normativas que buscan restituir derechos a quienes enfrentan procesos por motivos políticos.
El activista mencionó que su situación ha estado marcada por numerosos diferimientos, citando que la audiencia preliminar ha sido pospuesta en al menos 13 ocasiones y que el juicio oral ha sufrido interrupciones recurrentes. Su principal exigencia es la anulación del caso y el respeto a sus derechos fundamentales, tras haber estado detenido más de cuatro años antes de ser excarcelado en febrero de 2026.
A pesar de su liberación, Tarazona sigue bajo medidas cautelares y con un proceso judicial activo. En marzo, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por su defensa, decisión que fue apelada y aún no ha sido resuelta.
DCN/Agencias