
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, reveló que en 2026 se llevará a cabo una reforma para reconsiderar las leyes especiales que afectan el gasto público y generan restricciones en el presupuesto. Esta medida busca conservar el grado de inversión que Panamá tiene con Moody’s y Standard & Poor’s (S&P), aunque perdió la calificación con Fitch en marzo de 2024.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino planea presentar estas iniciativas en la Asamblea Nacional durante la primera legislatura de 2026, iniciando el 1 de julio. Chapman mencionó que estas propuestas, acumuladas a lo largo de los años, han incrementado la rigidez del presupuesto nacional, que alcanzará los 34.901 millones de dólares en 2026, marcando un récord y un aumento del 13,6% en comparación con este año.
Además, se destinarán más de 300 millones de dólares en 2026 para ajustes salariales automáticos, beneficiando principalmente a trabajadores de educación, salud y seguridad. Chapman calificó estas normas como “contradictorias”, al representar las demandas de grupos minoritarios y limitar las inversiones requeridas por la ciudadanía.
La reforma también atenderá las preocupaciones de analistas internacionales. Moody’s mantuvo la calificación de Panamá en Baa3, pero con perspectiva negativa, mencionando la rigidez del gasto y la baja recaudación como desafíos principales. Chapman enfatizó la necesidad de que el Parlamento actúe de manera “responsable” para establecer regulaciones que sean sostenibles a largo plazo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía panameña crecerá un 4% en 2025, superior al promedio regional de América Latina y el Caribe, que es del 2,4%. Sin embargo, el reto de la sostenibilidad fiscal sigue siendo crucial para mantener la confianza de los mercados internacionales.
DCN/Agencias