
En Maracaibo, el reciente aumento en las tarifas del pasaje ha generado descontento entre los usuarios, quienes han denunciado abusos y maltrato por parte de transportistas. Las inquietudes han llevado a las autoridades municipales a anunciar acciones para abordar esta situación.
Durante la reinauguración de la Plaza de La Madre, el alcalde Giancarlo Di Martino manifestó su preocupación por el aumento desmesurado en las tarifas, que afecta en gran medida a las familias más vulnerables de la ciudad. Según reportes de los ciudadanos, el costo del pasaje ha llegado hasta 140 bolívares, una cifra que supera considerablemente la tarifa oficial de 80 bolívares.
Di Martino se reunió con Rafael Lares y Napoleón Rivero Acosta con el fin de coordinar esfuerzos para enfrentar esta crisis. Anunció que implementarán operativos policiales para abordar unidades de transporte, verificar las tarifas y retirar vehículos que infrinjan las normativas actuales sobre el cobro.
Estos operativos buscan proteger a los usuarios, quienes consideran que el incremento de tarifas afecta su posibilidad de acceso al trabajo, la educación y servicios de salud. El alcalde precisó que no hay autorización para ajustar tarifas bajo justificaciones como «aguinaldo» y que cualquier modificación debe ajustarse a las ordenanzas municipales.
La acción de los funcionarios consistirá en detener las unidades para evaluar los cobros y actuar en caso de que se intenten aplicar incrementos sin la debida autorización. Di Martino recalcó que la regulación de tarifas debe seguir el marco jurídico establecido y no puede ser aplicada de manera arbitraria.
Los usuarios han expresado su frustración, señalando que los altos costos del pasaje impactan negativamente en su calidad de vida. Aunque el alcalde sugirió la posibilidad de abrir una mesa de negociación, enfatizó que cualquier ajuste debe ser regulado y no decidido unilateralmente.
La situación evidenciada con el aumento del pasaje se refleja como un símbolo de desigualdad en la ciudad, impulsando tanto a autoridades como a ciudadanos a buscar soluciones que sean justas y sostenibles ante la crisis del transporte. Di Martino concluyó destacando que el cobro excesivo no debe servir como excusa para abusos, sino como un llamado a construir justicia social.
DCN/Agencias