
El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, autorizó en marzo la deportación de más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal que ordenaba el retorno de los vuelos a Estados Unidos. Esto fue revelado en un documento judicial el pasado martes, donde la administración también debía identificar a los funcionarios que no cumplieron con la orden del juez James Boasberg. Estos migrantes habían sido encarcelados en condiciones críticas en una prisión en El Salvador.
El 15 de marzo, el Gobierno de Trump autorizó la deportación, alegando que algunos de los migrantes estaban vinculados a bandas criminales, como el Tren de Aragua. Esta acción se sustentó en una ley de 1798, la de Enemigos Extranjeros, que históricamente ha sido utilizada en aspectos bélicos. Los migrantes fueron enviados a Cecot, una prisión con problemas de derechos humanos, donde enfrentaron torturas y abusos antes de ser entregados a Venezuela en un acuerdo con EE. UU. en julio.
En el mismo documento judicial, se admitió que el Departamento de Justicia informó a Noem sobre las órdenes del juez Boasberg, quien había emitido una instrucción verbal para que los vuelos de deportación retornaran. A pesar de esto, un tercer vuelo despegó minutos después de una orden escrita del juez que prohibía las expulsiones.
Los funcionarios de Justicia y Seguridad Nacional proporcionaron asesoría legal sobre la orden judicial, pero Noem decidió que los migrantes podían ser entregados a El Salvador. El Gobierno sostuvo que esta decisión fue legal y que la orden del tribunal no era vinculante, argumentando que la orden escrita del juez no requería que los migrantes que ya habían sido expulsados regresaran.
Este caso ha sido uno de los puntos más controversiales de la política migratoria de la administración Trump.
DCN/Agencias