El Departamento de Justicia avala la legalidad de los ataques a «narcolanchas» y exime de responsabilidad judicial a los militares implicados
Alberto News – Caracas, 12 de noviembre de 2025
La Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un dictamen clasificado en julio que establece que el personal militar involucrado en ataques contra embarcaciones de narcotráfico en Latinoamérica no enfrentará futuros juicios. Este dictamen refleja preocupaciones dentro del gobierno sobre la legalidad de dichas operaciones.
Desde septiembre, se han llevado a cabo 19 ataques, resultando en 76 muertes, aunque las discusiones sobre el uso de fuerza letal iniciaron al comenzar la administración de Trump. Altos mandos, incluido el almirante Alvin Holsey del Comando Sur, instaron a la cautela en estas acciones.
Holsey quería asegurar un análisis detallado de cualquier opción presentada al presidente antes de su implementación y, en octubre, anunció su renuncia, que se haría efectiva a finales de año, tras un mandato de aproximadamente un año.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, negó que Holsey tuviera dudas sobre la misión. Parnell reafirmó que las operaciones en el Caribe son legales según las leyes estadounidenses e internacionales, y que se revisaron exhaustivamente antes de su ejecución.
La OLC argumenta que EE. UU. se encuentra en un “conflicto armado no internacional” según el Artículo II de la Constitución, lo que justifica los ataques. La opinión legal también indica que los cárteles financian la violencia y extorsión a través de la venta de drogas.
Algunos analistas, como Martin Lederman y Adam Isacson, cuestionaron esta interpretación, subrayando que no hay evidencia de que los narcotraficantes utilicen sus ganancias para promover caos en EE. UU. El gobierno de Trump ha acusado a Nicolás Maduro de dirigir un cartel de narcotráfico y ha desplegado cerca de 15.000 soldados en la región, incluyendo buques de guerra.
La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford a aguas cercanas a Latinoamérica ha llevado a Venezuela a activar su arsenal militar. Legisladores demócratas critican la justificación legal del gobierno, sugiriendo que puede ampliar el uso de fuerza en cualquier parte del mundo.
La OLC ha intentado despejar preocupaciones sobre el posible enjuiciamiento de las fuerzas militares, un enfoque reminiscentes de los memorandos de la era de George W. Bush respecto a técnicas de interrogatorio. La campaña actual busca aplicar la estructura de batalla contra el terrorismo a un problema tradicional de aplicación de la ley, lo que ha generado críticas entre expertos.
DCN/Agencias
