Las protestas en Ecuador continúan este día, marcando el noveno consecutivo de movilizaciones, impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que ha presentado diez demandas al Gobierno de Daniel Noboa.
Una de las peticiones más relevantes es la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, lo que motivó el paro. Entre sus otras demandas se encuentran la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 12%, el cese de la expansión minera y extractiva, la liberación de 12 detenidos en Otavalo, Imbabura, y el respeto al derecho a la protesta.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, afirmó que el paro seguirá en busca de soluciones para la crisis en salud y educación, además de garantías para la vida y seguridad de los ecuatorianos. Rechazó la propuesta de una consulta popular y la formación de una Asamblea Constituyente, argumentando que no resolverán los problemas del país.
Los manifestantes han demandado una investigación internacional en relación a la muerte de Efraín Fueres, un comunero indígena fallecido en Cotacachi tras ser baleado por la fuerza pública. Vargas exigió el fin de la violencia contra las comunidades indígenas y la población en general.
Por parte del Gobierno, la vocera Carolina Jaramillo confirmó que no se llevará a cabo ninguna negociación, reiterando que el presidente Noboa no retrocederá en la eliminación del subsidio al diésel. Desde el inicio de las manifestaciones el 22 de septiembre, se ha reportado un muerto, 48 heridos y más de 100 detenidos. La Conaie mantiene su postura de no retroceder hasta que se derogue el decreto que incrementó el precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón.
Este lunes, mientras en Imbabura se mantiene la resistencia, grupos estudiantiles y trabajadores protestaron en Quito, demandando soluciones a problemas como la escasez de medicinas, la falta de empleo y la inseguridad. Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, se pronunció al respecto.
La Conaie ha desmentido las acusaciones del Gobierno, que considera a sus miembros como terroristas o relacionados con el narcotráfico. Además, la Presidencia reporta que al menos 17 militares están retenidos en comunidades indígenas, algo que Vargas calificó como un «invento».
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur lamentó la muerte de Fueres y llamó a un diálogo urgente, advirtiendo sobre los riesgos de violaciones a los derechos humanos en este contexto.
DCN/Agencias