La Misión de la ONU revela un agravamiento de la represión en Venezuela tras las elecciones y certifica la existencia de “crímenes de lesa humanidad”
Informe de la Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Venezuela
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, una entidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha presentado un informe sobre la represión en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025. Este documento detalla asesinatos durante protestas, muertes bajo custodia estatal y más de 2.200 detenciones arbitrarias, así como tortura y desapariciones forzadas.
Según el informe, la represión se intensificó desde el 29 de julio de 2024, representando una continuación de un plan estatal con el objetivo de eliminar a opositores. Se señala la responsabilidad del régimen y sus cuerpos de seguridad, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Las víctimas incluyen opositores, activistas, periodistas y menores de edad.
Entre las detenciones arbitrarias, muchas ocurrieron en momentos clave como la toma de posesión presidencial en enero de 2025 y las elecciones regionales de mayo. Las detenciones no solo se realizaron durante manifestaciones, sino también de manera selectiva, afectando a críticas del régimen y sus familiares. Los métodos empleados por los agentes estatales incluyen el uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios y traslados sin autorización legal.
El informe también documenta 30 muertos, de los cuales 25 ocurrieron en manifestaciones y cinco en circunstancias de detención. Se indica el uso de armas de fuego por fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones independientes en estos casos. En incidents emblemáticos, se identificó la participación de altos mandos de seguridad.
La tortura y los tratos crueles son descritos como prácticas sistemáticas en los centros de detención, donde las condiciones son calificadas de inhumanas. El informe destaca casos de aislamiento prolongado, golpes, y falta de acceso a atención médica.
Se registraron 30 desapariciones forzadas y patrones de violencia sexual contra mujeres y personas LGBT en contexto penitenciario. Estas violaciones se catalogan como parte de una política de represión más amplia.
Además, se detectó la detención de 220 menores en protestas, quienes sufrieron vulneraciones graves. Por último, el informe revela un contexto de hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas, marcando un clima de impunidad que permanece sin cambios en el sistema judicial.
El documento incluye casos ilustrativos que reflejan la gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela.
DCN/Agencias
