Venezolanos en EE.UU. claman por la extensión del TPS para más de 250,000 migrantes
Las organizaciones VEPPEX y AMAVEX, referentes del exilio venezolano en EE.UU., solicitaron al juez federal Edward M. Chen que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 250.000 inmigrantes venezolanos, quienes podrían perder este beneficio la próxima semana.
En una carta pública, los grupos pidieron al magistrado que falla a favor de venezolanos que demandaron al Gobierno del expresidente Donald Trump, argumentando que la cancelación del TPS fue ilegal. La demanda busca proteger a dos grupos: los 250.000 beneficiarios del TPS otorgado por el presidente Joe Biden y otros 350.000 que obtuvieron una extensión en 2023.
La administración actual anunció el final del TPS el miércoles, argumentando que la continuación del mismo va «en contra de los intereses» de EE.UU. Los migrantes advirtieron que esta acción podría llevar a la deportación de familias que han huido de la represión en Venezuela.
VEPPEX y AMAVEX subrayaron que los beneficiarios del TPS, principalmente en Florida y Texas, tienen una participación laboral del 74%, y contribuyen significativamente en sectores como la salud y la construcción.
Los exiliados solicitan al juez una orden preliminar antes del 10 de septiembre para extender el TPS hasta que finalice el litigio. Además, han pedido al Congreso que apruebe el TPS ACT 2025, impulsado por la representante republicana María Elvira Salazar, que permitiría mantener el estatus de protección para aproximadamente 600.000 venezolanos.
Se espera que el juez Chen se pronuncie sobre el caso en los próximos días. Esto ocurre después de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones reafirmara la legalidad del TPS y determinara que la anulación del Gobierno de Trump fue inapropiada.
El tribunal también mencionó que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan serios riesgos, como desempleo y deportaciones, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes. No obstante, la Casa Blanca ha llevado el caso a la Corte Suprema, lo que deja a unos 350.000 venezolanos en riesgo de deportación hasta que se resuelva el litigio.
DCN/Agencias
