El 7 de diciembre de 1902, Alemania y Gran Bretaña emitieron un ultimátum a Venezuela por el impago de sus deudas y las reclamaciones de ciudadanos perjudicados, lo que desató una crisis diplomática. Luego de que el país interrumpiera pagos relacionados con deuda pública contraída durante los gobiernos de Guzmán Blanco y Joaquín Crespo, estas potencias y Francia, junto a Italia, reclamaron por vías diplomáticas.
Venezuela, tras no responder de inmediato, sufrió acciones hostiles, incluyendo bombardeos en Puerto Cabello y el apresamiento de buques de guerra en La Guaira. A pesar de las amenazas, se notificó a Estados Unidos que no había intención de ocupar territorio venezolano, respetando así la Doctrina Monroe, que se opone a la intervención europea en América.
La posición de Argentina, a través del canciller Luis María Drago, subrayó que la deuda pública no justificaba la intervención militar, lo que culminó en la aceptación de este principio, conocido como Doctrina Drago, en conferencias internacionales posteriores.
Finalmente, el bloqueo se levantó mediante el Protocolo de Washington en febrero de 1903. Venezuela acordó pagar las deudas y resarcir a las empresas extranjeras afectadas, utilizando un 30% de los ingresos aduanales de sus puertos principales para cumplir con estos compromisos. Este proceso, aunque complejo, se consideró un paso hacia la afirmación de la soberanía de Venezuela, permitiéndole operar sin imposiciones externas, reforzando así su capacidad de gobernabilidad y autonomía como nación.
DCN/Agencias